La entidad rechaza las vías de hecho y, al mismo tiempo, que se haga una utilización política de las víctimas por parte de algunos dirigentes de la región.

En atención a la información que ha circulado en algunos medios de comunicación y redes sociales en el Bajo Cauca antioqueño, la Unidad para las Víctimas en Antioquia, aclara que: 

* El Centro Regional en Antioquia, ubicado en la Casa de Justicia del municipio de Caucasia, brinda atención a la población víctima desde el año 2015, sin embargo desde que comenzó el aislamiento obligatorio en razón a la emergencia sanitarias decretada por el Gobierno nacional, la Unidad para las Víctimas dispuso que los seis colaboradores pudieran atender través de las líneas telefónicas 3205996229 - 3195885728 – 3148612953 a las personas que están incluidas en el Registro Único de Víctimas, pudiendo acceder de manera oportuna a la información sobre su proceso individual de reparación, en cuanto a la ayuda humanitaria, la notificación de inclusión y la indemnización administrativa. 

* En los otros municipios del Bajo Cauca antioqueño, las líneas que funcionan para esta atención son: El Bagre 3136072604, Cáceres 3175367345, Tarazá 3175367345, Caucasia 3205996229 - 3195885728 – 3148612953, Zaragoza 3233739439 y Nechí 3136188728 y 3175367345. 

*  Cabe resaltar que, en el municipio de Caucasia, la Unidad para las víctimas ha realizado una inversión total de 41.453 millones de pesos en los años en lo que se ha implementado la Ley 1448. En indemnizaciones se ha entregado la indemnización a 2.402 personas por valor de 17.270 millones de pesos y en Ayuda Humanitaria se han entregado 22.763 millones de pesos. 

* Por otra parte, se aclara también que bajo la estrategia de equipamiento que la Unidad para las Víctimas ha implementado desde el 2013, se les ha entregado en custodia a las administraciones municipales de Tarazá, Cáceres, El Bagre, Caucasia e Ituango, kits de albergue con el fin de que en caso de presentarse alguna emergencia de tipo masivo en cualquiera de estos municipios se pueda dar una respuesta en menor tiempo a las víctimas de este tipo de hechos, pero la destinación final de estos elementos son únicamente decisión de la Unidad para las Víctimas.

Según Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, “la entidad seguirá brindando la atención y reparación integral a la que tienen derecho como víctimas del conflicto, conforme la ruta administrativa dispuesta para ello". "Sin embargo, rechazamos el mal uso de la información como alternativa para generar caos en la población”, agregó.

El funcionario reiteró también que “todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren de intermediarios, para que las víctimas del conflicto armado no se dejen engañar”. 

Adicionalmente, la entidad aclara que el pago de las indemnizaciones administrativas, que establece la Ley de Víctimas, se prioriza de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta criterios como el número de menores de edad a cargo; características de edad, enfermedades crónicas o graves o discapacidad que impidan trabajar; tener la condición de madres cabeza de familia, entre otros. 

Esta priorización ha sido respaldada en varios fallos de la Corte Constitucional y no desconoce, en absoluto, el derecho que tienen las víctimas a recibir su indemnización. Entre 2012 y 2017, la Unidad para las Víctimas ha invertido cerca de 8.3 billones de pesos en la atención y reparación a las víctimas, de los cuales 4.5 billones han sido entregados en indemnizaciones administrativas. 

La Unidad para las Víctimas rechaza las vías de hecho y, al mismo tiempo, que se haga una utilización política de las víctimas por parte de algunos dirigentes de la región. 

Por último, como entidad que coordina la gestión de las 53 entidades que atienden a las víctimas del conflicto, la Unidad insta a los dirigentes políticos y aspirantes a cargos de elección popular, a no utilizar a las víctimas del conflicto para sus aspiraciones electorales. 

(Fin/SMC/CMC/LMY)