En el foro ‘El poder de las víctimas del conflicto para transformar a Colombia, un diálogo para el cambio y la construcción de paz’, representantes de víctimas y funcionarios hicieron un panorama sobre el proceso de atención y reparación. La Unidad para las Víctimas habló de zanjar ese histórico rezago y del propósito de avanzar de mano de las víctimas en acciones para construir paz.

 

En el marco de la semana de conmemoración a las víctimas del conflicto armado, este lunes se llevó a cabo en el Teatro Colón, en Bogotá, el foro El poder de las víctimas del conflicto para transformar a Colombia, un diálogo para el cambio y la construcción de paz. El evento se configuró como un espacio para honrar la resistencia con la que las víctimas han logrado cambiar su realidad y generó profundas reflexiones sobre la atención a las víctimas, los avances y retos en el proceso de reparación y el compromiso interinstitucional con miras a la construcción de una Paz Total.

La inauguración del foro, organizado por la Unidad para las Víctimas y la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, fue una emotiva muestra artística que simbolizó los horrores del conflicto armado, como antesala de las palabras de Sara Ferrer Olivella, coordinadora residente de la ONU en Colombia, y de Antonio Sanguino, jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, quienes coincidieron en resaltar las capacidades de las víctimas, los esfuerzos de la Nación y el Distrito para dignificar sus derechos y así seguir tejiendo paz. 

En esa primera parte del encuentro intervino la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, agradecida por la asistencia y con una petición clara: seguir creyendo en el proceso de reparación y hacer reflexiones más profundas sobre las causas del conflicto armado. Entre esas, Tobón Yagarí mencionó que Colombia es un país “con más territorio que Estado” y que las instituciones aún no llegan a muchas de esas zonas golpeadas por el conflicto armado. 

“Somos una sociedad fragmentada, somos una sociedad herida y desde esas heridas las víctimas del conflicto armado han tenido que reponerse ellas mismas a lo largo de su historia frente a la ausencia de una respuesta integral efectiva”, señaló la funcionaria, con el compromiso de zanjar el histórico rezago en la atención y reparación a las víctimas. “Se requerirían más de 60 años para contrarrestar la profunda desigualdad. En estos cuatro años ayudaremos, pero la verdad cruda y dura es que, mientras no exista una dejación de armas, no va a bajar la victimización”, continuó.

Antes de dar paso a los dos paneles que conformaron el foro, Tobón Yagarí invitó a esa parte del país que no ha vivido a que escuche los testimonios y entienda las secuelas de esa Colombia que sí ha padecido la guerra, y que además concluya la estigmatización que han sufrido las víctimas, que de forma constante son revictimizadas por los hechos que han padecido. “¿Los mataron? Por algo será, dicen, que seguro era colaborador de uno de los grupos armados. Hay víctimas ganaderas estigmatizadas de paramilitares y víctimas campesinas estigmatizadas como integrantes de grupos guerrilleros”, indicó la directora.

El primer panel del foro estuvo enfocado en los retos y avances en la garantía de los derechos de las víctimas, así como en las formas en que esta población viene aportando en la transformación de la realidad del país. De ese primer ejercicio de conversación hicieron parte Ludirlena Pérez Carvajal, representante Mesa Nacional de Víctimas; Francisco Pedraza Osorio, representante de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI); Luz Marina Becerra, defensora de DD. HH, presidenta de La Comadre y lideresa de Afrodes, y Vanessa Arango, delgada de la Corporación Rosa Blanca. 

Desde diferentes miradas, los panelistas encontraron sincronía en varios asuntos como la necesidad de aplicar las leyes que se han hecho para resarcir a las víctimas y sancionar a sus victimarios, en lugar de seguir expidiendo mecanismos legales que queden en el papel. Asimismo, reivindicaron sus aportes en la transformación de la realidad del país mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz, remontándose tres décadas atrás en la consolidación de procesos de organización.

Por otra parte, aludieron la ilusión de conmemorar un 9 de abril en el que se empiece a hablar más de la reparación que del panorama de los procesos de atención y resarcimiento. “Cada vez vemos que se conmemora un 9 de abril y el número de víctimas va aumentando. Ojalá llegue un 9 de abril en el que digamos que hay dos o tres años con un número de víctimas que no aumenta. Para eso es ese día y eso nosotros las víctimas es lo que queremos transformar”, destacó Pedraza.

Sobre esas advertencias, Sonia Londoño, subdirectora de víctimas de la Unidad, se comprometió durante el segundo panel a escuchar sus voces críticas y ahondar en los ajustes que se requieren en sintonía con la realidad de las víctimas. “Sus críticas son muy importantes para un Gobierno que está trabajando con las víctimas y que busca su participación en los procesos”.

En esa segunda parte del foro, liderada por la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, se abordó sobre todo la respuesta institucional frente al restablecimiento de los derechos de las víctimas, los esfuerzos en pro de la Paz Total y los retos que aún persisten en esa materia. Por ejemplo, Londoño constató que en Colombia se requieren 80 años y $300 billones para reparar a todas las víctimas actuales. 

En ese sentido, indicó que la meta de este Gobierno es compensar a 600.000 víctimas sujeto de indemnización, para lo que se requieren $4,1 billones para atenderlas y repararlas de manera integral en una acción coordinada con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). 

Del panel también hizo parte el investigador y economista Jorge Garay, miembro de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, quien puso sobre la mesa algunos desafíos económicos para el proceso de reparación como la superación de la pobreza, trascender el enfoque asistencialista que ha sido el plan histórico y la urgencia de poner en marcha estrategias para restablecer proyectos de vida de las víctimas. 

Érika Ramos, vocera de la red nacional de jóvenes de Unidad de Restitución de Tierras, basó su intervención en el necesario incremento de la sensibilidad y empatía de la sociedad y destacó que las instituciones “llegan a cuentagotas a los territorios y hacen lo posible por garantizar los derechos de las víctimas”, mientras que Diego Peña, alto consejero de Paz de Bogotá, reflexionó sobre la reconfiguración urbana de las grandes ciudades que genera el desplazamiento forzado y la premura de politizar mucho más los procesos de víctimas para “llegar a un nuevo acuerdo sobre lo elemental: proscribir la guerra”. 

Como conclusión, Londoño reconoció el papel de las víctimas, no solo esta semana, sino en el día a día, para refrendar la paz y seguir gestionando de su mano y junto a otras instituciones las acciones necesarias para transformar el país.