Los beneficiados fueron jóvenes entre los 18 y 21 años, incluidos en el Registro Único de Víctimas al sufrir desplazamientos forzados junto con sus padres a causa de la violencia. La entrega contó con la oferta educativa del SENA, la Universidad Minuto de Dios y la Corporación Universitaria del Meta.

Edixon Fabián Silbara, un joven que nació hace 19 años en Uribe (Meta), fue uno de los 103 beneficiarios que recibieron la indemnización administrativa por parte de la Unidad para las Víctimas en Villavicencio.

“El año pasado salí del colegio con un técnico en asistencia administrativa, este año no he podido estudiar, pero estoy trabajando. Quiero estudiar dibujo artístico y diseño gráfico. He tenido pensado con este recurso recibido de la Unidad para las Víctimas montar mi propio negocio para emprender y salir adelante con mi familia”, manifestó el joven.

Los favorecidos con la reparación económica fueron jóvenes entre los 18 y 21 años, quienes están incluidos en el Registro Único de Víctimas al sufrir desplazamientos forzados junto con sus padres a causa de la violencia. En cumplimiento del artículo 185 de la Ley de Víctimas, son reparados por el Estado colombiano con un encargo fiduciario mientras cumplen la mayoría de edad, como parte de un proceso de restitución de bienestar que debe entregarse a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. En esta oportunidad, se hizo efectiva esta entrega con una inversión cercana a los 200 millones de pesos.

Silbara destacó la importancia de contar con este beneficio: “Es positivo recibir este recurso porque es como una ayuda que busca remplazar o compensar todo lo que hemos perdido a causa del conflicto armado. Espero que los otros beneficiados lo inviertan en educación, emprender o ahorrar para comprar una casa, que lo inviertan bien”.

En el auditorio de la Gobernación del Meta, simultáneamente con la jornada, se realizó una feria universitaria en la que participó el SENA, la Universidad Minuto de Dios y la Corporación Universitaria del Meta, facilitando que los participantes conocieran de primera mano la oferta educativa a la que tienen derecho por ser población víctima.

(Fin/EVA/CMC/LMY)