La Unidad para las Victimas, como uno de los principales actores humanitarios del país, continúa trabajando para mitigar los efectos nocivos causados con ocasión del conflicto.

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, y aprobado el 25 de mayo de 2019, constituyó el primer compromiso del Gobierno para renovar la Ley 1448 de 2011 en un marco de eficiencia de gasto. En este particular, y siendo conscientes de los retos presupuestales que trae la renovación de la Ley 1448, el Gobierno nacional dio inicio al proceso de definición del universo pendiente de víctimas para atender y reparar.

De esta manera, se implementaron mecanismos de eficiencia del gasto público a través de: la reorientación de la inversión, los ahorros institucionales de las instituciones nacionales, el seguimiento en términos de resultados, y en la definición de un esquema de priorización, para lograr conseguir e invertir la mayor cantidad de recursos a la financiación de la reparación pendiente, focalizando a las víctimas que más lo necesitan.

Esto ha conducido a que las entidades de control reconozcan y valoren los esfuerzos que en materia presupuestal ha realizado por el Gobierno nacional para la consecución de recursos destinados a la financiación e implementación de la Ley de Victimas y los Decretos Leyes Étnicos, que al corte superan una inversión de más de 118 billones de pesos, entre los años 2012 y 2020.

De igual forma, y dentro del marco legal, en su calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), ha encaminado acciones de articulación con el fin de generar la sinergia necesaria entre las autoridades del Gobierno para combatir y disminuir las acciones nocivas generadas por el COVID-19, y evitar el retroceso en materia de garantía y goce efectivo de derechos de la población víctima del conflicto.

Atención durante emergencia sanitaria

La Unidad para las Victimas, durante el periodo de emergencia ha tramitado 24.878 solicitudes de inscripción al Registro Único de Víctimas, por eventos individuales o de tipo masivo, aplicando los criterios ya establecidos y realizando el trámite en términos. En el mismo periodo, se han incluido 70.932 víctimas al Registro.

En el Gobierno actual, se han verificado 6.002 emergencias humanitarias, y se ha coordinado la atención de 499 emergencias humanitarias masivas. Por otra parte, se han atendido 42.676 hogares expulsados en emergencias coordinadas y se han realizado 1.570 misiones humanitarias para la atención de emergencias.

En el marco de la pandemia, y teniendo en cuenta las situaciones excepcionales ante las cuales se enfrenta el país, la entidad ha continuado la atención oportuna y eficiente de la demanda de solicitudes de las víctimas en materia de ayuda humanitaria e indemnización en los términos que permite la Ley 1448 de 2011.

Asimismo, se ha proporcionado atención a cerca de 860.000 hogares víctimas de desplazamiento forzado en las etapas de emergencia y/o transición con una inversión aproximada de un billón de pesos.

Durante el periodo de aislamiento obligatorio y a raíz de la emergencia sanitaria, a la fecha, la Unidad ha realizado las siguientes entregas:

* Ayuda humanitaria inmediata en apoyo subsidiario a las entidades territoriales por el mecanismo de montos en dinero a 20 departamentos, 81 municipios, beneficiando a 776 hogares, por un monto de $890.965.693.

* Ayuda Humanitaria Inmediata en apoyo subsidiario a las entidades territoriales por el mecanismo de especie a siete departamentos, 20 municipios y 5.415 hogares por un monto de $ 4.154.516.093.

* 719 giros de ayuda humanitaria a víctimas de otros hechos victimizantes por un valor de $1.246.919.099.

* 374.316 giros de atención humanitaria a hogares víctimas de desplazamiento forzado por un valor de $229.078.890.000.

* En el marco de la atención adicional, ha entregado a la población víctima un total de 40.406 kits de alimentación para solventar los efectos del aislamiento obligatorio por la actual pandemia en 24 departamentos.

* En articulación con el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), desde el 8 de junio se han aprobado 287 apoyos en efectivo con un monto estimado de 53.585 USD para atención a Víctimas en el Exterior, en Ecuador y Panamá que han sido afectadas por la emergencia.

Avances en reparación durante el período 2018-2020

La Unidad ha realizado la atención inmediata, humanitaria y de emergencia de eventos victimizantes de carácter masivo en lo que va del 2019 y 2020, de acuerdo a los usos, costumbres y cosmogonía, y ha  realizado tomas de declaraciones, valoraciones e inclusión en el Registro Único de Víctimas, en aquellas jurisdicciones donde el conflicto ha aumentado.

Se destaca que durante estos dos último años se han indemnizado a 171.000 víctimas, de las cuales 113.816, han sido otorgadas a personas mayores de 74 años.

Durante la vigencia 2019 se tuvo el presupuesto más alto para el pago de indemnizaciones a las víctimas, cumpliendo con la Resolución 1049 de 2019  que prioriza adultos mayores, víctimas en condición de discapacidad o con enfermedades catastróficas. Solo en el periodo que va desde marzo 17, al 14 de agosto del año en curso, se han entregado 63.917 indemnizaciones administrativas a 62.214 víctimas, por un valor de $487.907.018.802.

En este mismo periodo, 259 Sujetos de Reparación Colectiva han avanzado en la reconstrucción del tejido social, el restablecimiento de las relaciones de confianza y el fortalecimiento de la convivencia en las comunidades a partir de la estrategia Entrelazando. Asimismo, hemos indemnizado 34 Sujetos de Reparación Colectiva Étnicos por cerca de $9.000.000.000 y 15 de estas indemnizaciones han sido por valor de $3.952’000.000, en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El equipo de Retornos y Reubicaciones ha prosperado en la revisión de las acciones de los Planes de este proceso, de acuerdo con la resolución 03320 de 2019, de comunidades No Étnicas (381 planes). Igualmente, ha avanzado en la elaboración de un diagnóstico de las comunidades étnicas que cuentan con Plan de Retorno y Reubicaciones aprobado (176 diagnósticos).

Se han desarrollado diferentes mecanismos y estrategias de articulación institucional para garantizar la implementación efectiva de la política pública de víctimas, en articulación con el Gobierno nacional, entidades territoriales y Mesas de Participación, para lograr incidencia de las víctimas y sus representantes en la política pública de víctimas. Para esto, se han emitido circulares, directivas y demás documentos conceptuales que han sido remitidos y socializados con las mesas y  entes territoriales y de control; estos últimos han realizado un acompañamiento permanente en esta labor.

Adicionalmente, a través de la estrategia de Nuevos Mandatarios, y con el objetivo de apoyar la formulación de los Planes de Desarrollo Territorial y de los Planes de Acción Territorial, se han desarrollado sesiones de planeación para  armonizar la política púbica de víctimas con los mencionados Planes; y así mismo, consolidar acciones para que cuenten durante el cuatrienio con los recursos suficientes para su materialización. Lo anterior sin dejar de lado la incidencia esencial que se ha realizado con los gobiernos locales para que garanticen en todos y cada uno de estos ejercicios la contribución de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas, como actores esenciales en dicha planeación y aliados estratégicos en el seguimiento a la ejecución de la misma.

A pesar de los retos y desafíos generados por la emergencia sanitaria para el desarrollo de escenarios de participación efectiva de víctimas, la Unidad ha puesto a disposición de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, en el marco de su competencia, los apoyos y medios tecnológicos suficientes con el objetivo de materializar el derecho a la participación e incidencia en la política pública.

En el mismo sentido, esta entidad ha impartido recomendaciones a las entidades territoriales para que garanticen este derecho con las medidas bioseguridad necesarias.

La Unidad trabaja de la mano con el Gobierno nacional y las entidades territoriales para garantizar la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto y ratifica su compromiso con la población víctimas del país.

(Fin/AVA)