La consulta es el paso previo para que, entre las entidades gubernamentales y las comunidades de la etnia Barí, del Catatumbo, identifiquen daños y formas de repararlos.

La Unidad para las Víctimas, territorial Norte de Santander, y el Ministerio del Interior se reunieron con delegados del resguardo Catalaura, pertenecientes al pueblo motilón barí, habitantes del municipio La Gabarra, para dar inicio a la consulta previa en la que se identifican los daños que los actores armados le causaron a esta población.

Este paso hace parte de la ruta de atención y reparación integral a esta población, luego del reconocimiento como sujeto de reparación colectiva y de la notificación de esta condición por parte del director territorial de la Unidad, Saniel Peñaranda, el pasado 2 de abril.

Judith Azoyra, cacique gobernadora del resguardo Catalaura, Christian Andrey Riveros, cacique oficial del cabildo Catalaura, y ocho líderes de las comunidades Karikachaboquira y Bacuboquira, encabezaron la delegación a la que se le explicó la importancia de que ellos participen en la caracterización del daño sufrido por el conflicto armado interno.

Las comunidades de Catalaura, habitantes legendarios del Catatumbo, denunciaron, entre otros hechos, la vulneración de su territorio ancestral, de la autonomía organizativa y de los derechos humanos, cuando actores armados utilizaron su hábitat como zonas de paso y para cometer varios delitos, entre ellos homicidios, entre 2001-2002.

José Quiceno, profesional de la dirección de asuntos étnicos de la Unidad, manifestó que en este acercamiento la meta era dar a conocer cómo se construye la caracterización de los daños que sufrieron, y la responsabilidad de la misma comunidad en esa identificación.

“Es un paso inicial para luego construir el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), en donde estarán consignadas las medidas que ellos consideran que los repararán. En esta ocasión vinimos los delegados del ministerio y la Unidad, en cumplimiento del auto 266 de 2016 expedido por la Corte Constitucional, que se refiere a la articulación conjunta para los planes de Salvaguarda y del PIRC, especialmente para la población barí”, dijo el funcionario.

Tras esta primera reunión con los líderes, explicó Quiceno, la segunda semana de junio empezará la caracterización de los daños en las dos comunidades, que suman cerca de 600 miembros. Esta fase terminaría este año.

A la socialización, que se realizó en la Casa Motilón-Barí, asistieron, además de José Quiceno y la profesional de reparación colectiva, Martha Cadena, Mauricio Torres, coordinador del Plan Salvaguarda Barí, Juan Pablo Coral, de la dirección de asuntos indígenas y Janeth Rodríguez, enlace territorial del ministerio.