Las autoridades indígenas de Pueblo Rico y Mistrató se reunieron con los funcionarios de Unidad para las Víctimas para revisar la ruta de retornos y reubicaciones de familias que se encuentran fuera del territorio.

Durante dos días, la Unidad para las Víctimas realizó jornadas de trabajo con los representantes del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), con el fin de definir asuntos de la ruta de trabajo para retornos en 2018.

Tras el cumplimiento del encuentro Gran Nación Embera, cumplido en enero pasado en la ciudad de Pereira, con representantes indígenas de la etnia provenientes de 18 departamentos del país, la Unidad y las autoridades indígenas cumplieron la primera de varias reuniones que se llevarán a cabo, con el objetivo de realizar todos los trámites necesarios para algunos retornos que se encuentran pendientes desde las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín e Ibagué.

En el encuentro participaron el director territorial del Eje Cafetero, Freddy Enrique López Ramírez, integrantes de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, encabezados por Yaneth Rodriguez Ortiz y Yenny Alexandra Beltrán, y funcionarios del equipo de retornos y reubicaciones y reparación colectiva étnica.

“Las autoridades indígenas de Risaralda han manifestado un interés muy marcado de lograr que los emberas que se encuentran en las grandes ciudades, que fueron desplazados por circunstancias del conflicto armado y casi todos en situación de mendicidad, regresen con sus familias a su tierra. Para ello la Unidad tiene una ruta de la cual debemos cumplir 11 mínimos, en temas como salud, vivienda, educación, entre otros. Por ello estamos llevando a cabo estas reuniones para poder hacer todo conforme a los parámetros y lograr que muy pronto estas familias puedan reencontrarse”, argumentó sobre las jornadas el Director Territorial.

En Risaralda ya se tiene la experiencia en este tipo de retornos realizados desde las ciudades de Cali y Bogotá en los años 2012 y 2015 respectivamente, logrando cumplir en un 90% con todo lo pactado para los indígenas que han regresado a sus territorios ancestrales, ubicados en diferentes resguardos de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató. 

Para que todo este proceso se cumpla con un buen fin, se requiere que todas las entidades de Sistema Nacional de Atención a las Víctimas (SNARIV) incluyendo las entidades estatales y gubernamentales locales, trabajen en conjunto como ya se ha hecho, para garantizar el goce efectivo de derechos de toda la población indígena que habita en el departamento.

De la reunión también participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Risaralda, las alcaldías de Pueblo Rico y Mistrató y el Ministerio del Interior, quienes pusieron como primera tarea caracterizar la población que se quiere retornar y cumplir reuniones entre los gobernantes indígenas y desplazados, para llegar a acuerdos que permitan hacer efectivo el retorno y puedan mejorar sus condiciones de vida.