En el tema de salud, la Unidad viene trabajando en la generación de espacios de articulación con el Ministerio de Salud en cuanto a la creación de infraestructura orientada a la construcción de puestos de salud de las comunidades de Aguasal, Cascajero y Vivícora del resguardo Alto Andágueda.

Desde la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se ha venido realizando una labor de articulación con el Gobierno Nacional y los entes departamentales para garantizar el plan de retorno del pueblo indígena Embera Katío del resguardo Alto Andágueda y la restitución de sus derechos territoriales, dando cumplimiento de manera parcial a la sentencia proferida por el Tribunal de Antioquia el 23 de septiembre de 2014.

Contrariamente y en respuesta a las declaraciones realizadas por los entes de control del Estado, la Unidad para las Víctimas, dentro de su misión y como ente coordinador del Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas (Snariv), avanza en materia de articulación y acciones específicas para garantizar los derechos de esta comunidad.

En el tema de salud, la Unidad viene trabajando en la generación de  espacios de articulación con el Ministerio de Salud en cuanto a la creación de infraestructura orientada a la construcción de puestos de salud de las comunidades de Aguasal, Cascajero y Vivícora del resguardo Alto Andágueda.

De igual forma, se elaboraron distintos ajustes y análisis comparativos de precios para sustentar los costos, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones del territorio. Por ejemplo: en Bagadó, Chocó, la articulación se hizo con la Secretaría Departamental de Salud y la Alcaldía. En ese sentido, después de varios meses de ajustes, el 11 de diciembre de 2015 se radicó el proyecto con todos los documentos técnicos ante el Ministerio de Salud: dos de los tres puestos de salud serán financiados con las regalías del Departamento de Chocó y el otro, será responsabilidad del Ministerio.

Así mismo, el Ministerio de Salud financió la primera jornada de atención, en términos de prevención, promoción y atención médica, para las 33 comunidades del resguardo. Además, entre el 5 y 22 de diciembre se realizó la segunda jornada de este tipo.

Igualmente, entre finales de enero y principios de febrero de 2016 se desarrollará la primera jornada de atención médica del año con recursos del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la responsabilidad de la Unidad para las Victimas, el 2016 tendrá el mismo comportamiento en materia de articulación.

De otra parte, y de acuerdo con los procesos de garantías de retorno, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) avanzó en la implementación del programa de la Red de Seguridad Alimentaria (ReSA) con las comunidades que forman el resguardo: en el municipio de Bagadó, 55 familias retornadas y 305 que habitan en los asentamientos indígenas de Aguasal, Conondo, Alto Brisas y Cascajero-Irakal del Resguardo Alto Andágueda recibieron atención inicial bajo la línea ReSA Enfoque Diferencial Étnico, que tiene como finalidad generar la producción de alimentos de autoconsumo y autóctonos, de manera que se garantice la seguridad alimentaria.

Entre el 9 y el 14 de noviembre se socializó este programa y se suscribieron actas de aceptación con cada gobernador y representantes de las 33 comunidades. Por el momento, se adelanta la segunda fase que acompañará a 360 nuevas familias.

En materia de educación, el Ministerio de Educación Nacional tiene cuatro proyectos con un presupuesto de 14 mil millones de pesos. El 18 de diciembre se definieron los ejecutores. El 25 de enero se tiene prevista la firma del acta de inicio y el proceso de concertación con las autoridades indígenas, el Ministerio de Educación y la Unidad para las Víctimas.

Finalmente, el Ministerio de Defensa intervino dos minas ilegales, realizó dos capturas y destruyó cinco máquinas que operaban de manera irregular.

Las distintas entidades se han visto obstaculizadas por varios aspectos, entre los que se destacan las difíciles condiciones de acceso a los territorios de las comunidades, debido a la carencia de vías terrestres, lo que ha condicionado la eficiencia y la ejecución de los proyectos.

Sin embargo, y pese a ello, el compromiso y el esfuerzo se han hecho evidentes en los avances que en materia de prevención, protección y garantía de derechos, se han establecido durante el 2015.