La Corte Constitucional ha señalado que esta población se encuentra en riesgo de desplazamiento, confinamiento, exterminio físico y cultural y afectaciones a la integridad étnica.

Desde hace aproximadamente ocho años, la Unidad para las Víctimas viene atendiendo a la comunidad jiw, asentada en los departamentos de Meta y Guaviare, y agrupada en diferentes resguardos legalmente constituidos.

Cada mes, la entidad entrega una serie de alimentos con balance kilocalórico y consumo de proteínas de acuerdo con su estándar de vida y elementos de aseo personal. En esta ocasión, 201 familias jiw que se encuentran en el territorio colectivo Naexal Jalt, y 58 familias sikuani de la inspección Puerto Alvira, ambos del municipio de Mapiripán, Meta, recibieron la ayuda del Estado.

Estos pueblos indígenas, como muchas otras personas, también han sufrido el flagelo del conflicto armado en Colombia desde la década de los 80, hasta la actualidad.

Para las comunidades indígenas el arraigo que existe con la tierra cobra gran relevancia, ya que para ellos la madre naturaleza es parte fundamental de sus creencias; estas comunidades tienen una cosmovisión diferente de la naturaleza, el territorio y una serie de costumbres ancestrales, que los hace distinguirse del resto de la población.

Es por esto, que en el año 2009, la Corte Constitucional expidió un Auto en seguimiento a la Sentencia T-025 de 2005, en la que se declara el Estado de Cosas Inconstitucional y se especifica el tipo de afectaciones y atención diferencial que se debe brindar a la población indígena en situación de desplazamiento, entre ellos a los jiw y sikuanis.

Además, señala que esta población se encuentra en riesgo de desplazamiento, confinamiento, exterminio físico y cultural y afectaciones a la integridad étnica y falta de atención institucional; por tal motivo, la Unidad para las Víctimas, está en la obligación de atenderlos integralmente mediante ayuda humanitaria en especie.

Para Carlos Arturo Pardo Alezones, director territorial Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas, “la entidad ha cumplido con las especificaciones que ordenó la Corte Constitucional, con el fin de proteger estas comunidades, que tienen mayor riesgo de vulnerabilidad, dada su condición de nomadismo y sus creencias ancestrales”.

(Fin/DSC/CMC/LMY)