"Hay muchas víctimas haciendo fila y no puedo permitir que se altere un proceso tan complejo como la reparación”, afirmó la directora general de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria Betancur, luego de conocer la decisión del Juzgado 5º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena.

“Hay muchas víctimas haciendo fila y no puedo permitir que se altere un proceso tan complejo como la reparación”, afirmó la directora general de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria Betancur, luego de conocer la decisión del Juzgado 5º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena.

Según Gaviria, reparar a las víctimas en medio del conflicto armado es una tarea compleja. No solamente hay que garantizar una atención inmediata a las víctimas de hoy – que en atención a los avances en La Habana (Cuba), son menos – sino que también hay que reparar integralmente a las víctimas de ayer. Una tarea compleja si se tiene en cuenta el universo de personas afectadas en más de 50 años de conflicto armado.

“Estamos hablando de más de 7,5 millones de personas incluidas en el Registro Único de Víctimas, aproximadamente el 16 por ciento de la población colombiana, y de una ley garantista, sin precedentes en el mundo, por la integralidad, alcance y profundidad de las medidas de reparación que busca brindar a las víctimas”, precisó la directora general.

Hay que recordar que cuando se expidió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el universo por reparar era aproximado a 4 millones de personas. El esfuerzo del Gobierno para superar el subregistro en materia de desplazamiento forzado ha logrado que millones de víctimas recuperen la confianza en el Estado y se decidan a declarar los hechos victimizantes, la mayoría anteriores a la expedición de la Ley 1448 de 2011. Este aumento, unido a una decisión de la Corte Constitucional de indemnizar a la población en situación de desplazamiento, impone varios retos que implican mayores recursos financieros y operativos.

La apuesta del Gobierno es que las víctimas en situación de desplazamiento, que representan cerca del 80 por ciento del Registro Único de Víctimas, puedan superar su condición de vulnerabilidad, estabilizarse social y económicamente y con esto reconstruir sus proyectos de vida. Por eso, empezamos a hacer una medición de carencias de los hogares para determinar si requieren la ayuda humanitaria o si deben ser dirigidos a una oferta estatal específica, para que puedan alcanzar la inclusión social.

Una vez el hogar en situación de desplazamiento logra superar la condición de vulnerabilidad, y de acuerdo a los criterios de priorización de la indemnización para víctimas de desplazamiento forzado establecidos en el Decreto 1377 de 2014 y refrendados con el Decreto 2569 de 2014, ambos hoy en el Decreto 1084 de 2015, que define la ruta de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado, el hogar recibe la indemnización administrativa, que es una de las medidas de la reparación integral.

El Estado no puede indemnizar, como ya se indicó, a las víctimas en el mismo momento, por eso debe establecer unos criterios de priorización para que puedan disponer plazos razonables para que las víctimas puedan acceder a la reparación, conforme a los principios legales dispuestos en la Ley 1448 de 2011 y avalados constitucionalmente. Esto lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-753 de 2013.

Ciertamente, los datos aproximados reflejan el compromiso y dedicación del Gobierno, en general, y de la Unidad para las Víctimas, en particular, por satisfacer las medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto. Actualmente, atendemos diariamente un promedio de 18.000 personas en todo el territorio nacional a través de los 140 puntos de atención y 15 centros regionales hoy operando. Asimismo, frente a los derechos de petición, donde hoy la radicación se aproxima a 4.000 documentos diarios, se respondieron 708.605 en el 2012, 1.038.490 para el 2013, 1.148.672 en el año anterior, y a 2015 hemos atendido 1.015.000 peticiones. Según expresó Paula Gaviria, “estas cifras no las maneja ninguna otra entidad en el país”.

Hay peticiones que no pueden responderse en los términos de ley y generan acciones de tutela donde la Unidad para las Víctimas ha atendido 76.550 en el 2012, 119.337 para el 2013, 177.900 el año anterior, y 250.000 en lo transcurrido del 2015. Sin embargo, las acciones de tutela tienen un porcentaje bajo frente al número de solicitudes efectivamente atendidas y presentadas por la población víctima.

La Unidad para las Víctimas trata de dar respuesta oportuna a las víctimas y a las decisiones judiciales teniendo en cuenta (i) los volúmenes que la entidad recibe por los canales presencial, telefónico, virtual y escrito diariamente; (ii) a la aplicación de los mencionados principios de la Ley 1448 de 2011 que nos impiden, a la Entidad, y al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV, suministrar o materializar simultáneamente a todas las víctimas las diferentes medidas de atención, asistencia y reparación. Por otro lado, implementamos un nuevo modelo de atención humanitaria que pretende establecer, con mayor precisión, la real situación de los hogares víctima para destinar los recursos previstos a quienes realmente lo requieren e indemnizar administrativamente una vez superada la condición de vulnerabilidad o en el momento oportuno, como lo ordena el marco normativo.

“No obstante, por respeto a la justicia y sus decisiones, acataremos el fallo pero esto significa dejar de lado la ruta de indemnización que otras víctimas sí han seguido”, aseguró la directora del a Unidad.

La vigencia de la Ley 1448 de 2011 es de 10 años, y por eso, la indemnización administrativa y las demás medidas que hacen parte de la reparación deben entregarse a las víctimas de una manera gradual y progresiva. “Es importante que la Judicatura nos acompañe y apoye en esta labor, que estamos realizando bien. En efecto, como ningún otro país en el mundo, hemos entregado la indemnización administrativa a más de medio millón de colombianos víctimas del conflicto armado, y queremos concentrar todos nuestros esfuerzos en la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas”, concluyó Gaviria.