Así lo expresó la Directora General, Paula Gaviria Betancur, al conocer un informe de prensa en el que el Consejo de Estado sugería que en la Entidad hay una política para evitar las notificaciones por parte de entidades judiciales. La prueba de la política de puertas abiertas es que este año se recibieron 534.485 requerimientos judiciales que responden a 197.000 acciones de tutela, en cifras aproximadas, y alrededor de 1.2 millones de derechos de petición a través de los canales de atención establecidos por la Unidad para las Víctimas, “estas cifras no las maneja ninguna otra entidad en el país”, según expresó Gaviria Betancur.

En Colombia, 7.821.641 personas han sido afectadas directamente por el conflicto armado e incluidas en el Registro Único de Víctimas. El repararlas integralmente es un compromiso del Gobierno Nacional, nunca antes visto en el país, y es que esta política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas es la más ambiciosa y exitosa del mundo, con más de 580 mil víctimas reparadas en cuatro años y con un modelo de atención humanitaria innovador que busca superar el asistencialismo y dar el salto a la inclusión social, entre sus principales logros.

La magnitud de lo ocurrido en el marco del conflicto, exige que la reparación sea gradual y progresiva, de ahí que la Ley 1448 de 2011 tenga una vigencia de 10 años y que la Entidad haya diseñado rutas de atención, asistencia y reparación, que permita por una parte garantizar que la ayuda humanitaria sea recibida por las personas que más la necesitan y que la indemnización administrativa llegue primero a los afectados de hechos tan lamentables con violencia sexual o a algunos grupos poblaciones más vulnerables como los adultos mayores, por mencionar algunos ejemplos.

Según Gaviria Betancur, “se utiliza la acción de tutela para acceder de manera más rápida a los beneficios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuando existen normativamente principios que deben cumplirse para responder a las solicitudes de las víctimas, sin perjuicio de los criterios de priorización previstos, y avalados constitucionalmente, según la Sentencia C-753 de 2013”.

Por otro lado se han incrementado los casos de personas que identifican a las víctimas y los invitan a firmar un contrato o acuerdo para que, a cambio de una suma de dinero, estas personas sean incluidas en acciones constitucionales para reclamar derechos fundamentales, como las tutelas, situación que evidenció la Corte Constitucional al decidir un caso interpuesto por un reconocido líder de víctimas y quien se ha caracterizado por promover tutelas masivas, tomas de instalaciones e incluso fue judicializado por el delito de estafa y otras conductas penales.

“Desde la Unidad hemos hecho seguimientos a la forma de operar de estas personas, y una vez se gana el fallo, estas personas son las encargadas de elevarlo a las altas cortes y de manera inmediata solicitan siempre el desacato. De no hacerse efectiva las ayudas a las víctimas incluidas en estas tuteles masivas, realizan tomas o vías de hecho en las instalaciones judiciales o de la Unidad para las Víctimas, con presencia de niños, adultos mayores o personas de especial protección para presionar a las entidades para que inicien investigaciones disciplinarias contra directivos de las entidades involucradas”, afirmó Ramón Rodríguez, director de Gestión Social y Humanitaria.

“La Unidad para las Víctimas ha adelantado campañas nacionales contra el fraude, pero independiente de estos comportamientos inadecuados por parte de tramitadores, la Entidad siempre ha sido respetuosa de su responsabilidad legal y nunca ha incurrido en prácticas dilatorias o evasivas frente a los requerimientos judiciales”, explicó la Directora General.

En efecto, la Entidad, de tiempo atrás, cuenta con diversos canales para recibir las notificaciones judiciales, tales como los correos electrónicos y los puntos de notificación oficiales, que son de conocimiento general, especialmente de los operadores judiciales, y donde se reciben y atienden los funcionarios y/o notificadores judiciales.

“Tenemos el compromiso permanente de mejorar cada día en todo lo concerniente a la asistencia y reparación a las víctimas y tenemos equipos de funcionarios y profesionales que trabajan comprometidos con servir y satisfacer plenamente los derechos y necesidades de las víctimas del conflicto armado. Poder atenderlos como está previsto en nuestras rutas de atención nos permite ser más eficientes y efectivos”, concluyó Gaviria Betancur.