La alianza entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Prosperidad Social y Comfenalco Antioquia apoyará a 10 municipios antioqueños en la ejecución de sus planes de desarrollo en temas prioritarios como atención a víctimas, desarrollo económico, vivienda, proyectos productivos y educación.

Tras un encuentro en Medellín, los alcaldes de Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza conocieron la oferta de las tres instituciones y coincidieron en que la alianza público-privada es una oportunidad para responder a necesidades de sus comunidades afectadas por el conflicto o problemáticas sociales como la pobreza y bajo nivel de desarrollo.

Por parte de la Unidad para la Reparación a las Víctimas, se informó la posibilidad de acompañamiento para planes de retorno de desplazados y de reparación colectiva, retornos, caracterización de víctimas para focalizar su reparación y reconstrucción de infraestructura comunitaria.

“Nosotros promovemos esta alianza público-privada con las tres instituciones que ya trabajamos en estos municipios, pero si hay sinergia y focalización podemos generar más impacto ya que analizamos sus planes de desarrollo en construcción para evaluar qué oferta articulada podemos ofrecerles ”, explicó Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia.

Bajo los principios de concurrencia y complementariedad, se presentó a los alcaldes la convocatoria (del 1 al 10 de julio) para la cofinanciación de proyectos con municipios enfocados a la reparación integral a las víctimas, como retornos de desplazados, reparación colectiva, mejoramientos de vivienda, atención sicosocial, generación de ingresos y fortalecimiento de las mesas municipales de participación de víctimas.

Por su parte, Prosperidad Social y Comfenalco Antioquia ofrecieron a las alcaldías su asesoría para el mejoramiento de vivienda, educación, manejo de bibliotecas, bolsas de empleo y proyectos productivos agropecuarios.

Se destaca la iniciativa articulada para la conformación de la Red de Organizaciones Nudo de Paramillo, que convoca a los 15 municipios de intervención de la Política Pública de Consolidación hoy desarrollada por la Dirección de Gestión Territorial de Prosperidad Social, con cinco localidades de sur de Córdoba y 10 de Antioquia. El objetivo es fortalecer las organizaciones sociales para que ejecuten proyectos comunitarios, económicos y políticos.

Alcaldes vislumbran oportunidades

Para el alcalde de El Bagre, Ángel Mesa Castro, “esta alianza público-privada es un apoyo valioso para potenciar los planes de desarrollo para lograr desarrollo integral y reconstrucción del tejido social de nuestras comunidades afectadas por el conflicto y necesitadas de mejor infraestructura, servicios sanitarios, salud, educación y proyectos productivos”.

Dar respuesta a necesidades como la vivienda rural y alternativas a los cultivos ilícitos que afectan a Briceño motiva a su alcalde José Danilo Agudelo Torres: “El 90 por ciento de nuestra población es rural y se necesita mejoramiento de vivienda en las veredas y apoyo para la generación de ingresos para superar la economía que para la mayoría de la gente depende de la coca”.

Nicolás Guillermo Herón, alcalde de Anorí, afirmó que los desplazados están regresando al municipio y, por eso, “necesitamos brindarles buenas condiciones para que permanezcan en el territorio y eso se logra con inversión para el desarrollo, por lo que el apoyo interinstitucional es un gran apoyo para nosotros”.

Por su parte, Ingrid Isabel Polanco, enlace de víctimas de la alcaldía de Caucasia, destacó la oportunidad de que “la alianza contribuya con procesos de retorno y reubicación de comunidades desplazadas que hoy están en invasiones en condiciones vulnerables”, al tiempo que reiteró el interés de “destinar predios que están en el Fondo Nacional de Reparación para desarrollar proyectos productivos con campesinos y víctimas”.

Al final del encuentro, los alcaldes de los 10 municipios enfatizaron el propósito de generar capacidades y oportunidades en sus municipios con apoyo de la alianza interinstitucional, dejando atrás las políticas asistencialistas con intervenciones con enfoque diferencial para víctimas, mujeres, población rural, jóvenes y población con discapacidad.