Así lo aseguró el director de la Unidad para las Víctimas quien además asegurò que se deben mantener los criterios de focalización de las indemnizaciones administrativas.

Durante su intervención en el conversatorio “Ley de Víctimas: Los retos de los próximos 10 años”, organizado por la Procuraduría General, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, hizo un balance los logros de la política pública de víctimas del gobierno del presidente Iván Duque y de los retos para la Ley de Víctimas en los próximos 10 años.

 En materia de indemnización, Rodríguez Andrade aseguró que la entidad tuvo la mayor destinación presupuestal de los 10 años de vigencia de la Ley: en el 2020, un billón de pesos lo mismo que en el 2021, mientras que la tendencia en años anteriores, por ejemplo 2014, 2015 y 2016 era de alrededor de los 600 mil millones.

También destacó que “en este gobierno en conjunto con las víctimas se desarrolló la actualización del protocolo de participación. Haber prorrogado la Ley 1448 fue una muestra de la importancia que tienen las víctimas y de que son el centro de todas las acciones encaminadas hacía la paz”. 

Al interior de la Unidad, Rodríguez Andrade dijo que se ha venido trabajando en una estrategia de irreversibilidad de acuerdo con la línea del presidente.

Retos para los próximos 10 años 

Al referirse a los principales retos que deben superarse en los próximos 10 años para garantizar los derechos de las víctimas, el director dijo que se debe mantenerse la línea de destinación presupuestal y eficiencia en el gasto e incluso con la tendencia al fortalecimiento de esta con el fin de llegar a más víctimas y repararlas en forma más acelerada.

Durante su intervención Rodríguez enfatizó en que es fundamental centrarse en la consecución de recursos para la indemnización de manera que se logre avanzar en términos más amplios en la reparación individual de las víctimas. De igual manera destacó que se debe mantener la línea de tener criterios de focalización para la optimización de los recursos existentes.

“Es fundamental fortalecer la oferta institucional de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) pues esta es una de las principales necesidades de cara a la salida de la política pública de víctimas, la superación de la vulnerabilidad y el goce efectivo de los derechos de las víctimas”, añadió. 

En el evento participaron la procuradora general, Margarita Cabello Blanco; la procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Diana María Cadena Lozano, y la coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, Eucaris Salas

(Fin/DFM/COG)