Durante la conmemoración de su día nacional, diversas organizaciones de víctimas pidieron trabajar unidas para mejorar su realidad social y económica.

Delegados de organizaciones de víctimas acreditadas en el país y congresistas, coincidieron en afirmar que el camino de la concertación puede acabar con la violencia que hay en Colombia. Así lo expusieron hoy durante el Congreso Pleno, en el que se conmemoró el día nacional por la memoria y solidaridad con las víctimas.

Jeison Romero, de la Mesa de Víctimas de Caquetá, aseguró: “Queremos trabajar en equipo para sacar el país adelante y para que no haya más guerra ni más violencia”.

“No vale la pena matarnos entre hermanos y hermanas. Hay que apostarle al diálogo”, señaló Héctor Carabalí, también de la Mesa Nacional de Víctimas,

Otra voz por la reconciliación, la aportó Nini Johana Ruíz, vocera de las Víctimas de Arauca, quien pidió a todos los partidos políticos, construir políticas que favorezcan a los afectados por el conflicto y apoyar la convivencia plena.

Jhon Jairo Hoyos, congresista presidente de la comisión de seguimiento a la Ley de Víctimas, dijo que el camino que “debe abrirse es el de la concertación para acabar con la violencia”, en el país.

“Las víctimas hoy reclaman una compensación que les permita recobrar un mínimo de dignidad. Están reclamando una oportunidad de educación, una compensación acordada en un tiempo razonable, para que no se produzcan más víctimas”, anotó el Representante a la Cámara.

Ramón García, sujeto de reparación colectiva, hizo un llamado para que el Gobierno y las víctimas trabajen juntos en la construcción de un país productivo. “No queremos ser víctimas para toda la vida sino personas productivas”, subrayó.

La prórroga

De otra parte, María Antonia Velandia, vocera de otro grupo de víctimas, consideró que “para superar todos los problemas que afectan a las víctimas se necesita la prórroga de la actual Ley que las protege.

En ese mismo sentido, se pronunció Luz Marina Contreras, víctima del conflicto, quien solicitó a las autoridades nacionales, “ayudar a acabar con la violencia selectiva y solucionar la crisis humanitaria, para construir un país ejemplar y democrático”.

De acuerdo con Lilia Florián, quien rindió testimonio de la muerte de su esposo, Rafael Octavio Castañeda, luego de 28 años de sucedida su desaparición, no ha podido encontrar justicia ni verdad con lo que le sucedió y pidió al Estado apoyarla para hallar respuestas en su caso.

Ángela María Escobar, de la Red de Mujeres Víctima y Profesionales, planteó ante el Legislativo, apoyar no autorizar a la justicia ordinaria, los casos de violencia sexual contra las mujeres menores en el conflicto, porque en su opinión, no se encontrará la verdad.

La Corporación Rosa Blanca, que también aglutina a mujeres víctimas de violencia sexual, dejó claro que con la Justicia Especial para la Paz, no hay garantías para sus procesos.