En lo corrido del año, la Unidad para las Víctimas entregó 683 giros por un monto que supera los 8.099 millones de pesos.

En un acto masivo, la Unidad para las Victimas en Atlántico entregó 283 cartas de indemnización administrativa a víctimas del conflicto armado, incluidas en la ruta priorizada, que superan los 5.240 millones de pesos ($5.244.900.792).

La directora territorial Atlántico de la Unidad para las Víctimas, Yesenia Pérez, destacó la entrega realizada en Barranquilla y reafirmó el compromiso del Gobierno del Cambio de sumar esfuerzos para avanzar en la reparación integral de las víctimas y continuar trabajando en el fortalecimiento de la política pública en favor de sus derechos.

De esta manera, la entidad busca dignificar la condición de quienes han venido esperando por años su indemnización y que están incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV). Ellas han declarado por hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la violencia sexual y el secuestro, entre otras vulneraciones de derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano.

El evento, que se realizó en el Paraninfo del Colegio Americano con el apoyo de la Corporación Universitaria Reformada, contó con la oferta institucional del Banco Agrario, Icetex, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Departamento de Prosperidad Social (DPS), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y el Ministerio del Trabajo.

Cabe destacar que, durante 2023, la Unidad para las Víctimas en el Atlántico ha realizado 631 giros que representan alrededor de 8.099 millones de pesos ($8.099.107.936).

En el marco de la reparación individual, que desde el nivel nacional se adelanta para reducir el rezago del proceso de indemnización, durante el 2023 la Unidad para las Víctimas ha realizado 77.576 giros a nivel nacional por un valor que supera los 754.767 millones de pesos.

“En la Unidad para las víctimas cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos”.