La Unidad para las Víctimas realizó una presentación del proyecto que durante varios meses concertó junto con múltiples actores, en especial las víctimas organizadas y no organizadas, para actualizar la Ley 1448 de 2011.

Luego de varios meses de propiciar y acompañar una amplia ruta de participación para elaborar una reforma a la Ley 1448, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, este martes se socializó la propuesta de actualización que se radicará en los próximos días ante el Congreso de la República. La socialización se hizo por medio de un evento en el que hicieron presencia unas 400 personas, y en el que se les devolvió a las y los asistentes la materialización de las propuestas y sugerencias que presentaron víctimas organizadas y no organizadas, magistrados, organismos de control, delegados internacionales, congresistas y expertos y expertas en temas jurídicos y económicos.

Con esos insumos se elaboró la propuesta de reforma a la Ley 1448, con la que se superarán los rezagos históricos, se mejorarán las falencias estructurales que obstaculizan que a las víctimas se les garanticen sus derechos y se ajustará la normatividad en sintonía con lo que se acordó en el Acuerdo Final de Paz. Y es que a pesar de lo significativa que fue en su momento la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para el reconocimiento de derechos de las víctimas, en la implementación no se están cumpliendo por completo los objetivos establecidos.

Es por eso que hace varios años, no solo las víctimas sino también órganos de control y expertos han realizado varios llamados y propuestas para revisar y modificar la propuesta. “Con esta propuesta estamos dando cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 y acogemos las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”, dijo en su intervención la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, quien añadió que con el proyecto se busca además atender recomendaciones de los órganos de control “y contribuir a la superación de la situación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en materia de desplazamiento”.

El centro de la construcción de la propuesta de reforma fue el proceso de participación, que estuvo caracterizado por el reconocimiento de la condición política de las víctimas. Para recopilar las sugerencias se realizaron 32 eventos en los que participaron más de 1.700 personas y se habilitó un instrumento de recolección de información en el que se recibieron más de 1.400 propuestas.

“Desde este Gobierno nacional podemos decir que hicimos un proceso de participación amplio, real y efectivo. Porque pensamos en los asuntos estructurales que la política requiere. Escuchamos a una cantidad de actores partiendo que esos actores llevan años estudiando su realidad”, destacó la directora de la Unidad para las Víctimas.

En el evento de socialización también hizo presencia Mariana Ardila, directora de justicia transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, quien habló en nombre del ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, sobre el compromiso “por este esfuerzo colectivo como Gobierno y liderar junto con la Unidad para las víctimas este esfuerzo participativo”.

Ardila calificó a la Ley 1448 como “la mayor apuesta hecha por el Estado en materia de derechos humanos” y como “el instrumento normativo más importante que tiene el Estado para atender, asistir, proteger y reparar a las víctimas”. No obstante, también aseguró que es necesaria esta reforma “que reconoce a las víctimas en sus múltiples iniciativas como ciudadanos y ciudadanas a los que se les debe mayor eficiencia en el gasto público, para fortalecer la presencia del Estado en los territorios y sus procesos participativos”.

María Gaitán, directora del Centro de Memoria Histórica, coincidió en la necesidad de fortalecer la Ley de Víctimas y expresó que, como Gobierno, “le apostamos firmemente a las modificaciones de esta propuesta”. Por su parte, Sally García, subdirectora general de superación de la pobreza del Departamento de Prosperidad Social (DPS) reconoció que las acciones emprendidas hasta ahora a través de la Ley no han sido eficientes, por lo que “se sustenta la necesidad de este proceso participativo, inclusivo, que dé voz de esas voces que históricamente han sido atropelladas”.

Los siguientes son los puntos clave de la reforma a la Ley de Víctimas que presentan dificultades estructurales y deben ser ajustados:

-    La búsqueda de la financiación
-    Enfoques diferenciales
-    Articulación con el Acuerdo de Paz
-    Fortalecimiento del SNARIV
-    Soluciones duraderas
-    Restitución de tierras
-    Memoria
-    Fondo de reparación a víctimas