En el proyecto, concertado por más de cuatro meses y aprobado en tres largas noches de debate en el Congreso, se aprobaron varios artículos en beneficio de las víctimas. Destinación de recursos para la paz, aceleración del pago de indemnizaciones administrativas y regulación de predios para reparar a las víctimas, algunos de los artículos aprobados.

Después de tres maratónicas jornadas en el Capitolio, el Congreso aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, que define la hoja de ruta del país para el próximo cuatrienio. El trámite paralelo en las plenarias de Senado y Cámara significó una intensa discusión sobre temas estructurales. Uno de esos fue la Paz Total, que es el principal objetivo del Gobierno con su plan y, por tanto, uno de los ejes transversales del documento.  

En ese orden de ideas, en el proyecto aprobado se habla de una Paz Total que le apueste a garantizar en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, pero no todos los artículos propuestos con ese propósito fueron aprobados en la discusión. Quizás el que más debate generó fue el artículo 8 de la ponencia original proponía que las entidades del orden nacional acogieran las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad sobre, según sus capacidades, viabilidad y competencias.  

El artículo fue eliminado durante la discusión en el Senado, con 50 votos a favor y 28 en contra, pero se mantuvo vivo en la Cámara, con 97 votos a favor y 47 en contra. No obstante, durante la conciliación, se decidió acoger el texto aprobado en el Senado.

A pesar de la eliminación, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, destacó que “el 59% de las 67 recomendaciones están en el Acuerdo de Paz, 11 de las recomendaciones ya se están implementando en el actual Gobierno y otras se están implementando por diferentes actores a nivel nacional”. Asimismo, resaltó la aprobación de otros artículos en beneficio de las víctimas, como el artículo 9, aprobado como artículo 8, que exige la aceleración del pago de indemnizaciones administrativas.  

De acuerdo con lo aprobado, el Gobierno tendrá que implementar en máximo año y medio, a partir de la sanción presidencial del proyecto, un plan de eficiencia del erario para acelerar el pago de las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado. En ese sentido, será tarea de la Unidad para las Víctimas, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda, diseñar el plan técnico, operativo y presupuestal para avanzar en los desembolsos. 

Otros apartados aprobados fueron los referentes a la creación de un mecanismo no judicial que contribuya a la memoria y la búsqueda de la verdad, que deberá priorizar la participación de las víctimas con un enfoque de género y de derechos de las mujeres (artículo 13), así como el seguimiento a las metas del Plan Marco de Implementación (PMI) y de los Planes Nacionales Sectoriales (PNS), con el fin de saldar deudas históricas y cumplir con los compromisos del Acuerdo Final con las Farc (artículo 15).  

También fue avalado el punto que se refiere a las asignaciones para implementar proyectos de paz, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la reparación de víctimas. Estos recursos deberán basarse en los criterios de priorización territorial y los proyectos de inversión que puedan ser financiados con estos dineros se definirán mediante convocatorias públicas.  

En cuanto a los instrumentos necesarios para la búsqueda de una Paz Total, se dispuso que desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se elabore una estrategia que tenga en cuenta los consejos territoriales de paz, la articulación con mesas de víctimas y espacios autónomos de organización para víctimas del conflicto armado, entre otras instancias de participación en materia de paz y reconciliación. 

En el segundo capítulo del proyecto, que trata asuntos de ordenamiento territorial, justicia ambiental y gobernanza inclusiva, se regularon los mecanismos para avanzar en los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria y se aprobó que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) podrá adquirir de forma directa los inmuebles rurales del Fondo para la Reparación de las Víctimas que sean susceptibles de comercialización. Según el proyecto, respecto a los inmuebles vinculados a acciones de extinción del derecho de dominio, la Unidad para las Víctimas aplicará el reglamento interno para la enajenación de inmuebles rurales. 

La sección sobre justicia para el cambio social abre con la aprobación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado. Si bien el sistema será liderado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se deberá articular con el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (SNARIV) y deberá formular una política pública integral partiendo del principio de centralidad de las víctimas. 

Finalmente, el documento conciliado y aprobado establece el proceso de administración y destinación de bienes sobre los que se declare la extinción de dominio. Estos serán destinados en un 35% para la reparación de las víctimas y lo restante se dividirá entre la Rama Judicial (25%), la Fiscalía (25%), la Policía Judicial (10%) y la Defensoría del Pueblo (5%). 

Para la directora de la Unidad, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo se traduce en varios avances significativos en la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado. “La aprobación de estos artículos en beneficio de las víctimas son un avance en nuestro camino de dignificación y reparación y este esfuerzo es muy valioso para la Paz Total que busca Colombia”, aseguró Tobón Yagarí sobre el documento que pasó a sanción presidencial.