Años después de haber sido tocados por el conflicto armado colombiano, sobrevivientes y habitantes de Santa Fe de Ralito en Tierralta, Córdoba, declararon por primera vez sobre las afectaciones tras estos hechos victimizantes vividos.

Esta también es la primera vez, desde que fue creada la Ley 1448 de 2011, que la Unidad para las Víctimas se desplaza hacia esta zona recordada por la historia del Pacto, del Acuerdo y la desmovilización paramilitar.

Esa región es recordada, en primera instancia por aquel julio de 2001, cuando varias camionetas con vidrios polarizados irrumpieron en las trochas polvorientas de Santa Fe de Ralito, atravesando anillos de seguridad dispuestos por los paramilitares alrededor de la finca de ‘08’ y los cerca de 100 políticos de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena que se encontraron cara a cara con los jefes paramilitares que ya ejercían control sobre esos departamentos, entre ellos Salvatore Mancuso, “Don Berna”, “Diego Vecino” y “Jorge 40”, con el fin de realizar un trato secreto para, según sus planes, edificar un nuevo país.

Fueron dos días de toma de declaraciones a las víctimas del conflicto de esta región para la que se articularon la Defensoría del Pueblo, que tomó las declaraciones, la Unidad de Víctimas, para la actualización de datos, con el acompañamiento del Programa de Justicia Inclusiva de USAID; la Unidad atendió 24 víctimas y el Ministerio Público atendió 44 declaraciones.

La importancia mayor de estas jornadas radica en que en este mismo sitio fue donde, en 2001, se creó la comisión exploradora para el diálogo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y en 2003 se firmó el acuerdo Santa Fé de Ralito que fijaba metas de desmovilización y en el que los jefes paramilitares se comprometieron a un desarme por etapas en el año 2005.

Luz Margoth Suárez, presidenta de la junta de acción comunal de Ralito, participante de esta jornada precisó que, en medio del temor “es importante esta primera toma de declaraciones en el corregimiento porque representa un beneficio y da la confianza para hacerlo, además de que las comunidades de más arriba no gastan en transporte para salir de la región a hacer su declaración”.

Marcelo Vega, quien acompañó estas jornadas y es director de la Unidad para las Víctimas en la territorial Córdoba, indicó que, “gracias a los nuevos mecanismos de capacitación que la Unidad para las Víctimas ha dispuesto al Ministerio Público, se fortalecen los procesos en la toma de declaración para las víctimas del conflicto armado”.

Vega recordó de manera especial a los desaparecidos en el marco del conflicto armado en Colombia resaltando que desde el Estado se acompaña en los procesos de protección y defensa de los derechos humanos, la garantía del derecho a la vida, a la verdad, a la memoria, a la dignificación, a la reparación integral y no repetición.

Es de recordar que la toma de la declaración es una diligencia mediante la cual la Defensoría, como parte del Ministerio Público, recibe la información que aportan las personas que voluntariamente acuden, manifestando haber sufrido las circunstancias de hecho previstas en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.

Esta información que es consignada en el Formulario Único de Declaración (FUD) permite al Estado colombiano valorar si lo declarado da lugar a la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), para el posterior acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación consagradas en la mencionada Ley.