Más de seis entidades nacionales y seis consejos comunitarios afros de Chocó y Bolívar protocolizaron medidas que buscan mejorar la calidad de vida de estos pueblos que viven en situación de riesgo por el conflicto.

Después de cinco días de sesiones, se lograron acuerdos que buscan mejorar las condiciones de vida de seis consejos comunitarios de poblaciones afro de Chocó y Bolívar, que se encuentran en situación de riesgo por causa de la presencia de los grupos armados ilegales.

Se trata de planes específicos de Prevención, Protección y Atención a Víctimas de Comunidades y Pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros, víctimas de Desplazamiento y confinamiento forzado, de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional en el marco del Auto 005 de 2009.

Se protocolizaron el 85% de un total de 239 medidas planteadas por las comunidades a las entidades, entre las que se destacan las relacionadas con la implementación de proyectos productivos, la instalación del servicio de internet, dotaciones de equipos de cómputo, el funcionamiento de lanchas ambulancias, mejoras en la prestación del servicio de salud, creación de casas culturales, jornadas de transmisión de saberes para adultos mayores y jóvenes y mobiliario para las escuelas, entre otras medidas. 

En la búsqueda de los acuerdos, en medio de las diferencias entre las partes,  participaron la Unidad para las Víctimas y representantes de los ministerios del Interior, Vivienda, Cultura y Educación; el ICBF, el SENA, la Procuraduría, gobernaciones y alcaldías, entre otras entidades, que se reunieron desde el 30 de noviembre con los delegados de los consejos comunitarios de San Andrés de Usaragá, Villa María de Purrichá y Pizarro, establecidos en la jurisdicción del Bajo Baudó; de Acadesan, en el Litoral de Bajo San Juan y de Curvaradó, en cercanías Riosucio (Curvaradó), del departamento del Choco, y de Makankamaná, del corregimiento de San Basilio de Palenque, del municipio Mahates, en Bolívar. 

Los Planes Específicos son herramientas a través de las cuales las entidades en coordinación pretenden brindar una atención adecuada a las necesidades de las comunidades negras para su prevención y protección, como ordena la Corte Constitucional en el marco del Auto 005 de 2009. 

Sobre las Planes Específicos protocolizados, Himar Orobo, del Consejo Comunitario de San Andrés de Usaragá, expresó: “el hecho de estar reunidos con diferentes entidades es un logro importante para nuestro consejo porque hace mucho tiempo hemos estado batallando para ser visibilizados por el Estado a través de las diferentes entidades, y nos vamos muy satisfechos porque logramos avanzar, aunque creemos que en otra oportunidad alcanzaremos el total de las medidas que beneficien a la comunidad”. 

Al respecto, Eber Rentería, presidente del Consejo Comunitario de Curvaradó, comentó: “lo alcanzado fue bueno, aunque veníamos con una expectativa mayor, y Dios permita que las instituciones puedan cumplir los compromisos acordados”.   

Por su parte, la directora del Departamento de Asuntos Étnicos de la Unidad, Luz Amanda Pasuy, afirmó: “estamos muy contentos de haber logrado este espacio de concertación en donde tuvo un lugar preponderante la voz de las autoridades de gobierno de las comunidades negras, a partir de lo cual se lograron establecer acuerdos claros frente al fortalecimiento de estas; sin embargo, la tarea continúa y el gran reto es la implementación”.   

(Fin/EG/COG)