El objetivo es adoptar medidas para prevenir, atender y proteger a las comunidades del Bajo Baudó, Litoral del Bajo San Juan y Riosucio, en el Chocó, y de Mahates, en Bolívar, de las acciones de los grupos armados ilegales.

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Interior y entidades del orden nacional se reunirán en Bogotá con representantes de los consejos comunitarios de los municipios de Bajo Baudó (San Andrés de Usaragá, Villa María de Purrichá y Pizarro), Litoral de Bajo San Juan (Acadesan) y de Riosucio (Curvaradó), del Choco, y de Mahates (Makankamaná), de Bolívar, con el propósito de realizar la protocolización de los Planes Específicos de Prevención, Protección y Atención a Víctimas de Comunidades y Pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros, Víctimas de Desplazamiento y Confinamiento Forzado.

Los planes específicos son instrumentos que permiten identificar la situación y los riesgos de las comunidades afrocolombianas con el fin de adoptar medidas concretas de acuerdo con sus condiciones y necesidades que contribuyan a la protección del territorio colectivo, de sus derechos colectivos, a la superación de la crisis económica y social y al fortalecimiento cultural como mecanismo de resistencia.

 Esta concertación de medidas obedece al cumplimiento del Auto 005 del 2009, proferida por la Corte Constitucional, que hace seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y ordena diseñar un plan integral de prevención, protección y atención a la población afrocolombiana afectada por el desplazamiento forzado interno, con la participación efectiva de las comunidades negras y afro y el pleno respeto por sus autoridades constituidas y de las autoridades territoriales concernientes. 

La migración de estas poblaciones se debe, según lo establecido por la Corte, a tres factores transversales: exclusión social estructural, proyectos de explotación minera y monocultivos y la no aplicación de mecanismos e instrumentos constitucionales para la protección efectiva de los territorios colectivos y ancestrales de estas comunidades.

El territorio colectivo del consejo comunitario de Acadesan está ubicado al suroccidente del Chocó, que integra la zona del Bajo San Juan, Medio San Juan, Sipi y dos municipios del Valle del Cauca; en total está conformada por 72 comunidades.

El Consejo Comunitario de la cuenca del rio Curvaradó pertenece al municipio del Carmen de Darién, en el oriente del Chocó, en límites con Antioquia, y lo conforman 23 comunidades.

En el municipio Bajo Baudó se encuentran los Consejos Comunitarios de Pizarro; San Andrés de Usaragá, conformado por tres comunidades: Pampón, San Andrés de Usaragá y Puerto Viveros, que abarcan un territorio colectivo de aproximadamente 13.060 hectáreas, y Villa María de Purricha (Cocovima), al norte del municipio, que comprende seis comunidades negras: Villa María, San Miguel, Playa Nueva, Puerto Reyes, Valerio y las Islas.

El Consejo Comunitario Makankamaná está en San Basilio de Palenque, corregimiento del municipio de Mahates, en Bolívar. 

Todos estos territorios colectivos han padecido confinamiento, asesinatos selectivos, amenazas, torturas, secuestros, entre otros hechos victimizantes, que han obligado su desplazamiento forzado, lo que ha causado la pérdida de su identidad cultural, desintegración social, vulneración de los derechos territoriales colectivos, destrucción de la estructura social, confinamiento, lo que ha generado consecuencias como la agudización de su situación de pobreza y crisis humanitaria, discriminación racial, la pérdida de la seguridad alimentaria, entre otras afectaciones.

Fin /EG/COG