Para ello la entidad se ha reunido con consejos comunitarios de poblaciones víctimas de Bolívar, Chocó, Magdalena, Nariño y Valle, y con la Unidad de Restitución de Tierras, el Departamento Nacional de Planeación y la FAO.

Pese a las dificultades que conlleva la pandemia, en el mes de noviembre la Unidad para las Víctimas ha continuado atendiendo a las comunidades étnicas afrocolombianas, indígenas y rom en diferentes regiones del país. 

Con respecto a las comunidades afro, en este mes, la Unidad realizó la jornada para la formulación de medidas en el Consejo Comunitario de Ricón Guapo Loveran, en el departamento de Magdalena, en el marco del Programa de Reparación Colectiva. 

Así mismo, en el marco del Auto 005 de 2009 llevó a cabo varias actividades con respecto a los Planes Específicos de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Cacarica, en los municipios de Carmen del Darién y Riosucio, respectivamente, en el Chocó; con los Consejos Comunitarios Guapi Arriba, Guapi Abajo, Río San Francisco, Río Napi y Río Guajui, en el municipio de Guapi, en el Cauca, y en los consejos comunitarios del municipio La Tola, en Nariño. 

También encabezó la jornada de articulación Institucional en el marco del proceso de restitución de tierras con el DANE, para el intercambio de información del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, en el Bajo Atrato, en el Chocó, y efectuó la Instalación de la Consulta Previa con los nueve Consejos Comunitarios de este municipio, en el ámbito del Programa de Reparación Colectiva en el municipio de María La Baja, en el departamento Bolívar.  

En cuanto a la labor realizada con otras poblaciones étnicas, la entidad adelantó la jornada de caracterización de las comunidades indígenas pijao y cubeo, asentadas en Villavicencio, en el Meta, así como con la comunidad indígena embera, establecida en la ciudad de Pereira (Risaralda).   

Igualmente, participó en la mesa de monitoreo al cumplimiento de medidas cautelares en favor de las comunidades indígenas awá Zona La Brava - Inda Zabaleta, convocada por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas y la Dirección Territorial Nariño de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, en el marco de la Mesa Étnica del Grupo de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales del Subcomité Técnico de Restitución.   

En días pasados hizo el seguimiento al caso de la comunidad indígena wounaan de Chagpie Tordó, con la participación de la Alcaldía de Buenaventura, y desarrolló la segunda jornada de socialización de rutas de reparación individual y procesos de retornos y reubicaciones con los representantes y/o autoridades que hacen parte de la Mesa de Pueblos Indígenas Víctimas (MPIV) asentados en el distrito, en cumplimiento del compromiso establecido en la sesión extraordinaria realizada el pasado 6 de agosto de 2020 y adquirido por la Unidad para las Víctimas.  

Además, participó en la reunión convocada por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, con el fin de abordar el proceso de cumplimiento de las medidas relacionadas con las Casas de la Cultura de las Kumpañas del Pueblo Rrom de Bogotá.   

De igual modo, la Unidad tuvo varios encuentros con diferentes entidades con el objetivo de avanzar en temas de reparación colectiva étnica. Para tal finalidad participó en la reunión de socialización de la Caja de Herramientas Metodológicas, diseñada para el desarrollo del producto 4 del proyecto “Recuperación de los activos productivos, la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y la economía de población víctima del conflicto armado en Colombia”, convocada por FAO.  

Con igual intención formó parte de la reunión conjunta con la Agencia Nacional de Tierras, para avanzar en la definición de una ruta conjunta para el abordaje de casos en el marco de la ruta de reparación colectiva étnica, e intervino en la Sesión Ampliada de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas. 

Finalmente, la Unidad convocó e hizo parte de la mesa de trabajo de la orden 3 del Auto 266 de 2017, junto con el DNP y el Ministerio del Interior.   

(Fin/EGG/LMY)