A pesar de los recuerdos del ataque que duró 72 horas y que dejó una herida honda en la capital de Vaupés, sus habitantes y las víctimas tratan de abrazar la prosperidad, la paz y la reconciliación que vive hoy el territorio selvático de raudales y tepuyes. La Unidad para las Víctimas acompaña esta conmemoración.

El 1 de noviembre de 1998 ocurrió la que se considera una de las incursiones armadas más largas, cruentas y dolorosas de la historia reciente del conflicto colombiano, que dejó una huella profunda en la Fuerza Pública. 

Iban a ser las cinco de la mañana cuando las Farc iniciaron la ofensiva sobre Mitú, luego de haberla rodeado la noche anterior. Casi 1.900 guerrilleros participaron en el ataque, pero solo unos 500 entraron combatiendo mientras los demás sitiaban la ciudad y destruían la pista de aterrizaje, casi la única forma de acceder a la capital del Vaupés, enclavada en la selva amazónica colombiana.

En ese momento Mitú contaba con cerca de 13.000 habitantes (6.000 en el casco urbano) y 120 uniformados de la Policía Nacional para defenderla (5 oficiales, dos suboficiales, 77 patrulleros, seis agentes y 30 auxiliares bachilleres); guarnición que estaba al mando del coronel Luis Mendieta, como comandante de la Policía Nacional en el Vaupés. 

Tras 12 horas de combates y 60 más de ocupación, el 2 de noviembre los guerrilleros se llevaron por vía fluvial a 61 uniformados secuestrados que incluyeron en la lista de los llamados "canjeables", entre ellos el coronel Mendieta, por quienes exigían un intercambio de presos al Gobierno.

La Fuerza Pública pudo tomar de nuevo el control y frustró la operación del entonces grupo ilegal que pretendía instalarse por mucho más tiempo en el lugar. El saldo final de la toma fue de 56 muertos (46 combatientes y 10 civiles) y 61 secuestrados, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

El testimonio 

El joven policía de 19 años, César Díaz Braga, fue uno de los secuestrados junto con el coronel Luis Herlindo Mendieta. Su cautiverio en el monte duró tres años.  

Cuando se le pregunta por ese periodo que vivió, dice que “un secuestro es más duro para los seres queridos que para la misma víctima”. “Uno sabe dónde y cómo está. Los familiares no saben qué le está pasando a uno, si lo maltrataron, si comió, si está enfermo. Hay mucha incertidumbre”.

Recuerda conversaciones con sus captores sobre lo que sucedió el día de la toma y que un comandante guerrillero le reveló que ellos perdieron alrededor de 800 hombres en el combate, por lo que también fue el mayor revés militar para ese grupo armado.

No niega todos los sentimientos que quedaron en su ser luego del cautiverio, pero su convicción y el empeño en recuperar el tiempo que le arrebataron, pudieron más que el dolor. Eso sí, pide verdad por parte de los victimarios sobre el paradero de los que no regresaron. “El conflicto le deja a uno mucho rencor, pero la idea es aportar para que todo se sepa y haya claridad, y que las familias de las personas que no aparecen tengan esa información”, añade. 

Aunque en la selva las heridas se demoran en sanar, después del sufrimiento físico y sicológico que padeció, César salió con expectativas, con ganas de seguir estudiando y continuar como miembro de la institución que defendió aquel oscuro 1 de noviembre del 98. Pero su destino le deparó retirarse de la carrera policial e irse a estudiar siete semestres de Derecho en Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la cual tuvo que abandonar por falta de dinero. El trabajo que había conseguido para costear sus estudios se terminó. 

Hoy, con 41 años, César tiene esposa y un hijo de 12 años, vive en Mitú y trabaja en una entidad que le permite ayudar a las víctimas del conflicto.

Agradece los programas y la ayuda que prestan las instituciones a las víctimas, pero recalca que, además de contar toda la verdad “y de pedir perdón por lo que hicieron, los victimarios deben reparar a las víctimas económicamente y no solo con un perdón simbólico”. “Eso les puede ayudar a las víctimas a reconstruir sus proyectos y a recuperar algo de lo que perdieron por el conflicto”, afirma.

Acción institucional en Mitú 

Después de 22 años, sus habitantes y las víctimas, de la mano de las instituciones del Estado buscan que el presente de prosperidad, paz y reconciliación se levante sobre el recuerdo doloroso de aquel noviembre que dejó una herida profunda en la tierra de los raudales.

La comunidad denominada “Casco Urbano de Mitú” fue reconocida como sujeto de reparación colectiva el 11 de noviembre de 2016, con su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV). Actualmente este colectivo cuenta con más de 800 víctimas reconocidas.

En el 2018 la Unidad para las Víctimas realizó las primeras jornadas de Alistamiento Comunitario e Institucional y se cumplió un acto de conmemoración de los 20 años toma. También orientó la jornada de la Estrategia Entrelazando durante cinco días para iniciar la reconstrucción del tejido social.

En el 2019, la comunidad adelantó el diligenciamiento del informe de cierre de la fase de alistamiento y la Unidad desarrolló tres jornadas de acompañamiento psicosocial. 

El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, expresó su respaldo a la comunidad de Mitú: “En un año más de conmemoración de este hecho repudiable, la Unidad envía un mensaje ratificando su compromiso con este sujeto de reparación colectiva. Un mensaje a cada una de las víctimas y a las entidades que vienen acompañando este proceso de atención asistencia y reparación”.

Reiteró que la entidad avanza hacia la construcción del Plan de Reparación que “irá enfocado no solo a las víctimas de la toma sino a todas las personas que, de manera directa o directa, resultaron afectadas”.

Al finalizar el 2020, la Unidad espera, a pesar de la pandemia, llevar a cabo el encuentro con los representantes étnicos y construir el documento del Diagnóstico del Daño, entre otras acciones encaminadas a la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). 

(Fin/LMY-CAA)