La entidad lideró un encuentro en procura del cumplimiento del Auto 173 de 2012, donde definió las temáticas más importantes y urgentes para ejecutarse con esta comunidad en la vigencia 2021.

El Trincho, una vereda de Puerto Concordia, Meta, fue el punto de encuentro con 25 autoridades indígenas del pueblo jiw. Ellos se encuentran ubicados y asentados en diferentes resguardos de este municipio hace varios años y han atravesado por vulneración de sus derechos humanos y diferentes hechos de victimización, por lo que la Unidad para las Víctimas lleva alrededor de ocho años atendiéndolos en asistencia humanitaria de emergencia especial y procesos de retorno y reubicación. 

Como consecuencia de lo anterior, la entidad lideró un encuentro de diálogo comunitario para la identificación de acciones que conlleven a avanzar en el goce efectivo de sus derechos y mejorar en el cumplimiento del Auto 173 de 2012. En esta jornada también se definieron las temáticas más importantes y urgentes para ejecutarse con ellos en la vigencia 2021 y, además, se contó con el acompañamiento de la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Puerto Concordia 

En la actividad se abordaron cinco temas relevantes: acceso a agua potable y saneamiento básico, seguridad alimentaria, acceso efectivo a los servicios de salud, vivienda digna (habitabilidad) y educación. Se realizó un diagnóstico y se concluyó  que sus condiciones de viviendas no son las más adecuadas, los servicios de salud no se prestan de manera rápida y que las ayudas alimentarias están siendo asumidas en su mayoría por el apoyo que brinda la Unidad para las Víctimas. 

Estas comunidades indígenas han perdido parte de su arraigo a la tierra y se ha afectado su supervivencia cultural, dado que han sufrido el desplazamiento como consecuencia de amenazas por parte de grupos armados. Además, dadas sus creencias ancestrales, para ellos la tierra es parte fundamental de su razón de ser y esto ha hecho que cada parte que los hace únicos se haya visto afectada. 

“El desarrollo de estas jornadas es importante para que la Unidad, como las demás entidades, den cumplimiento a este Auto de la Corte Constitucional, en el que se dictan medidas para que este tipo de comunidades puedan ser atendidas de manera inmediata e integral en materia de salud, nutrición, alojamiento y otros aspectos que aseguren su supervivencia”, dijo Carlos Pardo Alezones, director territorial de la Unidad en Meta y Llanos.

(Fin/DSC/CMC/LMY)