Así lo dio a conocer el director de la Unidad para las Víctimas, en una audiencia de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso, dirigida a los municipios focalizados en estos tres departamentos.

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, participó en la audiencia virtual convocada por la Comisión Legal de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República, enfocada en las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Antioquia, Chocó y Córdoba, donde la Unidad acompaña 64 proyectos, enmarcados en el pilar ocho de Reconciliación y Paz, según lo indicó el funcionario.  

En la sesión, en la que participaron alcaldes municipales, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila; el representante a la Cámara John Jairo Hoyos, presidente de la Comisión de Seguimiento; directores y delegados técnicos de las entidades del orden nacional; y representantes de las mesas de víctimas; el director de la Unidad para las Víctimas presentó un balance frente a las acciones implementadas por la entidad en los municipios focalizados.   

Según Rodríguez, en el Registro Único de Víctimas hay incluidas, a la fecha, 9.031.048 de víctimas del conflicto. Alrededor de 2,5 están ubicadas en los 170 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cifra que corresponde a casi la tercera parta del total de víctimas registradas. A esto se suma que, los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba integran cinco subregiones PDET y en estas se encuentran por lo menos 697.340 víctimas. 

“El propósito de los PDET es el trabajo articulado de las instituciones y de los entes territoriales para implementar las iniciativas. El rol de la Unidad para las Víctimas se enfoca en los componentes psicosocial, reparación colectiva, procesos de retornos y reubicaciones, infraestructura social y comunitaria, que no solo benefician a las víctimas, sino a todos los habitantes de los municipios”, afirmó el director de la Unidad. 

En ese sentido, existen 4.248 iniciativas propuestas por las víctimas en municipios PDET, 838 de estas, contenidas en el pilar 8, denominado Reconciliación, convivencia y construcción de paz. Así, la Unidad para las Víctimas ha identificado 64 iniciativas dentro de ese pilar para los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, que permitirán acelerar la implementación de la Ley 1448 de 2011. 

De acuerdo con Rodríguez, al finalizar la implementación de todas las iniciativas, que están planteadas a 15 años, “las víctimas habrán podido acceder a los derechos básicos y superado la vulnerabilidad”. “Otra de las metas es minimizar los factores de violencia y disminuir los riesgos de reclutamiento forzado, como devolverles la confianza en el Estado y mejorar la calidad de vida de las personas, gracias a la presencia institucional”, añadió. En promedio, se espera que el 12 % de las iniciativas identificadas puedan ser alcanzadas entre el 2020 y el 2021. 

Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, manifestó que los programas PDET les dan a las víctimas algo que buscaban hace tiempo “y es tener voz propia para construir sus iniciativas desde sus necesidades y realidades”. “Las entidades queremos unir las voces de las víctimas de los 170 municipios focalizados, adoptando las políticas a largo plazo”. 

Las voces locales 

Los mandatarios de los municipios presentes en la reunión coincidieron en lo crucial del respaldo del Estado para superar el contexto del conflicto y poder declarar sus poblaciones como territorios de paz. 

Juan Camilo Piedrahíta, alcalde de Anorí (Antioquia), afirmó que esa Administración ha logrado un trabajo conjunto con la Mesa de Participación de Víctimas y que en los proyectos PDET encuentran una oportunidad para ser visibles ante el país: “Hemos fortalecido ese espacio de participación, en un municipio golpeado por el conflicto y le apostamos a la paz. En ese compromiso para surgir y ser visibles, tenemos un proyecto con enfoque diferencial con 150 viviendas nuevas y mantenimiento de vías rurales para realizar las actividades de comercialización de nuestros productos”. 

El alcalde de Tierralta (Córdoba), Daniel Montero, indicó: “Queremos que la institucionalidad nos ayude a sacar adelante las iniciativas para las 264.000 víctimas que habitan en este municipio; necesitamos las vías terciarias, acueductos rurales, puentes, para el desarrollo social”. 

En la sesión, los mandatarios municipales también ratificaron su llamado al Gobierno a fortalecer las iniciativas productivas, especialmente en las zonas afectadas todavía por el conflicto y actividades de grupos ilegales. 

(Fin/LMY)