En el marco de la emergencia decretada por el Gobierno nacional, las entidades territoriales crean medidas para suplir necesidades básicas de los sobrevivientes del conflicto en este departamento.

En los municipios santandereanos de Confines, Girón, Palmas del Socorro, Simacota, San Miguel, Oiba y El Peñón, se llevaron a cabo los Comités Territoriales de Justicia Transicional, con la participación de la Unidad para las Víctimas y de las demás entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), y representantes de los sobrevivientes del conflicto.

Durante un encuentro virtual, se realizó la socialización de las líneas de acción de la Política Pública de Víctimas (PPV), consignadas en el Plan de Desarrollo Municipal, indicando el presupuesto asignado en cada una de ellas, se ajustó el Plan de Acción Territorial PAT, para la atención de la emergencia decretada por el Gobierno nacional, y se validaron los conceptos  de seguridad de los municipios, con base en los informes presentados por la Policía y el Ejército Nacional en las respectivas jurisdicciones.

 “Se logró con la alcaldía la aprobación del presupuesto para favorecer a las familias víctimas, inscritas en el Registro Único de Víctimas, en condición de vulnerabilidad. La realización de estos espacios es importante porque ahí es donde se plasman las ayudas para la población golpeada por los diferentes actos de violencia, es ahí donde se escuchan las voces de las víctimas, y las peticiones se elevan al nivel nacional”, manifestó Gonzalo Castro Murillo, coordinador de la Mesa de Víctimas de Simacota.

La validación del concepto de seguridad de los municipios, permitirá avanzar además, en la respuesta a las solicitudes de familias retornadas o reubicadas en territorio, por parte de la Unidad para las Víctimas, una vez finalice el periodo de aislamiento social.

(Fin/YUM/LMY)