De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, gran parte de ellos ya recibieron asistencia humanitaria e indemnización

En desarrollo de la audiencia pública de reclutamiento forzado que se realizó en el Congreso de la República, el coordinador del grupo de Enfoque diferencial en Género de la Unidad para las Víctimas, Leonardo Montenegro, confirmó que a través del Registro Único, la entidad ha incluido 7.633 víctimas por el hecho de vinculación de menores a grupos armados. De ese número, 3.216 han recibido la indemnización administrativa.

Montenegro dijo que esas cifras se traducen en que “el 41 por ciento de los menores incluidos en el Registro Único de Víctimas por este hecho victimizante”, ya recibieron indemnización.

“En el Congreso también se destacó la participación de la Unidad y su articulación con la Agencia para la Reincorporación y Normalización y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, anotó el funcionario.

Luego explicó que “estamos garantizando en territorio, un mecanismo de articulación que propicie el tránsito de los menores de edad de la oferta del ICBF a las medidas de reparación que se otorgan en el marco de la Ley 1448 (Ley de Víctimas), y otra oferta para la ruta de incorporación de la Agencia para la Reincorporación”.

Otras voces

Según la Representante a la Cámara, Margarita Restrepo, de la Comisión de Derechos Humanos de esa corporación, para derrotar el reclutamiento forzado de menores en Colombia, “hay que promover sinergia entre las entidades del Estado que trabajan el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, propiciar una adecuada formación para los funcionarios que trabajan este delito y hacer mayor presencia del Estado en las regiones”.

De acuerdo con Jeny Martínez, del Ministerio del Interior, el trabajo permanente de ese despacho con alcaldes, gobernadores y diputados, a través de los Planes de Renovación Integral, permite estrategias lúdico formativas con deportes, cultura y recreación que sirven para prevenir el reclutamiento de menores en numerosas zonas del país.  

Manuel Gómez de la Fiscalía General de la Nación reportó que en el último año se han registrado 1.104 casos en los que se usa a los menores para la comisión de delitos.

Adriana Herrera, de la Procuraduría General de la Nación, hizo un llamado para que el Gobierno no baje la guardia frente a este delito que afecta a más menores por la disputa de territorios, el aumento de cultivos ilícitos y las condiciones sociales precarias, entre otros.

El Ministerio Público insistió en que hay que corregir la débil capacidad del Estado en las regiones para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

(Fin/ama/lmy)