Ramón Rodríguez, director de la Unidad, dijo en el marco de la conmemoración del Día de la memoria y la Solidaridad con las Víctimas que la entidad ha destinado 14.1 billones de pesos para atender y reparar a las víctimas. Sin embargo, recalcó que la vigencia de la Ley y los recursos destinados a su implementación han sido insuficientes.

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, llamó la atención sobre los principales desafíos que enfrenta la entidad, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado y se cumplen ocho años de vigencia de la Ley de Víctimas, 1448 de 2011.

El servidor público destacó que los avances en la implementación de la Ley son notables y sitúan a nuestro país a la vanguardia en materia de reconocimiento y reparación a las víctimas, pero insistió en que la Unidad enfrenta aún grandes retos.

“Entre ellos encontramos el robustecimiento de la identificación, orientación, atención, asistencia y reparación de los colombianos que individual o colectivamente han sufrido daños como consecuencia del conflicto armado. Es una tarea ardua, titánica”, expresó Rodríguez.

A la fecha, alrededor del 17 por ciento de la población colombiana, 8.785.305 millones de personas, está incluido en el Registro Único de Víctimas y de ellas, 7.828.547 corresponden a personas desplazadas.

“En aras de cumplirle a nuestras víctimas hemos destinado 14.1 billones de pesos. Sin embargo, hemos logrado identificar que los años de vigencia de la misma, así como los recursos destinados para el cumplimiento de sus objetivos, han sido insuficientes frente a la magnitud de las tareas encomendadas”, dijo categóricamente el director de la Unidad.

El funcionario señaló que en ocho años de vigencia de la Ley se han atendido cerca de 7.000 emergencias humanitarias, han recibido indemnización administrativa casi un millón de personas de manera individual y en materia de reparación colectiva más de 600 organizaciones, grupos o comunidades, se encuentran en fase de implementación de sus Planes Integrales de Reparación Colectiva.

Además, la Unidad ha acompañado diez retornos colectivos con un alto impacto cultural y ancestral para nuestro país como han sido los de los pueblos Embera- Katío, Embera-Chamí y Wayuu, de la comunidad negra de Guapi Bajo y de los habitantes de San Jacinto - Las Palmas, en Bolívar; todo ello sin contar con las 204 comunidades que ya tienen plan de retorno y reubicación aprobado.

Ramón Rodríguez destacó que actualmente operan 1.057 Mesas de Participación de Víctimas en todo el territorio nacional, que han sido impulsadas por la Unidad para las Víctimas, “gracias a las cuales hemos logrado entender de manera más cercana sus necesidades comunitarias y articular oferta pertinente de acuerdo a sus particularidades”.

En sus pronunciamientos durante este día de conmemoración, el director de la Unidad fue enfático en decir: “Cifras como estas no son una respuesta al dolor y al desarraigo que sufrieron las víctimas pero sí revelan que el país ha comenzado a saldar una deuda histórica y deshonrosa con ellas. Por tanto, los invito a recordar que la ley de víctimas es mucho más que una ley. Es una promesa viva con nuestros compatriotas. De ahí que su prórroga sea imperativa por cuanto significaría la materialización del compromiso de hacerla real”.

Rodríguez también recordó lo dicho por el Presidente Iván Duque en su discurso de posesión: “Cuando nos unimos como pueblo nada nos detiene. Cuando todos aportamos somos capaces de hacer realidad proezas  que ni siquiera el realismo mágico es capaz de imaginar”.