En el resguardo Manguaré se llevó a cabo Mesa de seguimiento en cumplimiento a sentencia T 665 de la Corte Constitucional que orienta las medidas de atención y reparación a esta comunidad indígena desplazada del Amazonas.

La Unidad para las Víctimas participó en la Mesa de seguimiento en cumplimiento de la sentencia T 665 de la Corte Constitucional, que dicta las medidas de atención y reparación de la comunidad étnica del resguardo Manguaré, en la vereda Puerto Colombia del municipio de Villavicencio.

Esta comunidad de la familia étnica Uitoto, conformada por 23 familias oriundas del Amazonas colombiano, fueron desplazadas por la violencia en el año 2003, encontrando refugio en la ciudad de Villavicencio.

Al llegar a la capital del Meta se ubicaron de manera informal en un predio a las afueras de la urbe, en donde se origina la solicitud jurídica de establecer las gestiones de los gobiernos locales que conduzcan a la entrega de un territorio que no permita la vulneración de sus derechos a la vida, a la igualdad, a la diversidad étnica, así como los derechos de los niños.

“En esta medida, desde la Unidad para las Víctimas, acudimos a este escenario para que las entidades asuman compromisos con esta población según lo establecido en la Ley 1448 de 2011 que a través del decreto Ley 4633 orienta las rutas de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto que hacen parte de pueblos y comunidades indígenas”, indicó el director territorial para Meta y Llanos orientales, Carlos Pardo Alezones.

Edith Rozo, enlace étnico de la entidad en el Meta, expresó que “el interés de las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, es el reconocimiento a los derechos de esta comunidad. Se busca coordinar acciones para garantizar condiciones de vida digna en su territorio, sin trasgredir sus formas tradicionales de habitabilidad con el entorno natural”.

A esta Mesa de seguimiento se vincularon la Alcaldía municipal de Villavicencio, la Procuraduría General, la Personería Municipal y el Ministerio del Interior, entre otras entidades del sector público.