Las víctimas que exigen el pago inmediato de su indemnización administrativa han sido atendidas, de tiempo atrás, y recibieron orientación por parte de la entidad, la Alta Consejería para las Víctimas de Bogotá, la Personería y la Defensoría del Pueblo. Pese a ello, se niegan a retirarse. Antes de que recurrieran a esta acción ya habían sido incluidos en la ruta de atención, asistencia y reparación integral y recibieron ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido en la ley.

Con respecto a la situación de las personas que permanecen encadenadas en la entrada de la sede central de la Unidad para las Víctimas, en el centro de Bogotá, y que buscan, a través de esta vía de hecho, que la entidad dé prioridad al pago de su indemnización administrativa por encima de las demás víctimas del país, la entidad informa lo siguiente:

- Desde el día en que se produjo la acción por parte de estas personas, el pasado 26 de septiembre, la Unidad, la Alta Consejería para las Víctimas de Bogotá, La Defensoría del Pueblo, la Personería y la Policía Nacional les han brindado atención y las han orientado sobre la oferta institucional a la que tienen derecho como víctimas del conflicto, incluida la ayuda humanitaria, la ruta de atención integral y los programas distritales establecidos por la ley y las normas administrativas. Después de hacer la respectiva revisión en los registros, se verificó que todas estas personas están incluidas en el Registro Único de Víctimas. 

- Pese a que funcionarios de las entidades se han reunido en varias ocasiones con ellas y han hecho seguimiento de su situación (como lo confirman las actas de las reuniones sostenidas los días 3, 4, 18 y 24 de octubre y 1 de noviembre), estas personas se han negado a retirarse y mantienen solicitudes que sobrepasan la ruta administrativa dispuesta para el acceso a las medidas de asistencia, atención y reparación integral.

- A una de las personas que participan en esta vía de hecho le fue realizado, antes de que acudiera a esta vía de hecho, el giro correspondiente a su indemnización administrativa, pero lo rechazó porque exige ser reubicado en Chile. Así mismo, la Unidad Nacional de Protección ha intentado brindarle seguridad, pero él no ha suministrado la dirección de su domicilio, requisito indispensable para este servicio. Las demás que permanecen en la protesta ya han recibido recursos correspondientes a ayuda humanitaria.

- La Unidad para las Víctimas seguirá brindando la atención y reparación integral a la que tienen derecho como víctimas del conflicto, conforme la ruta administrativa dispuesta para ello. Sin embargo, desde la Unidad no es plausible ni permisible que se haga el uso de esta vía como alternativa para obtener un trato preferente, pues esto quebranta el principio de igualdad, quebranta con el respeto al principio de igualdad frente al universo de víctimas, respecto del cual la Corte Constitucional ha reiterado su observancia.

- El pago de las indemnizaciones administrativas que establece la Ley de Víctimas, se prioriza, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta criterios como el número de menores de edad a cargo; características de edad, enfermedades crónicas o graves o discapacidad que impidan trabajar; tener la condición de madres cabeza de familia, entre otros.

- Esta priorización ha sido respaldada en varios fallos de la Corte Constitucional y no desconoce, en absoluto, el derecho que tienen las víctimas a recibir su indemnización. Entre 2012 y 2017, la Unidad para las Víctimas ha invertido cerca de 8.3 billones de pesos en la atención y reparación a las víctimas, de los cuales 4.5 billones han sido entregados en indemnizaciones administrativas.

- La Unidad para las Víctimas rechaza las vías de hecho y, al mismo tiempo, que se

haga una utilización política de las víctimas por parte de algunos dirigentes políticos y candidatos a cargos de elección popular.

- Como entidad que coordina la gestión de las 53 entidades que atienden a las víctimas del conflicto, la Unidad insta a los dirigentes políticos y aspirantes a cargos de elección popular, en los comicios del próximo año, a no utilizar a las víctimas del conflicto para sus aspiraciones electorales.

- Debemos ayudar, de verdad, a las víctimas. Apoyarlas desde el fondo del corazón. Y la mejor manera de ayudarlas es dando todo para que ellas dejen esa condición.