Con el uso de un protocolo de Toma de Decisiones con Apoyo se busca que no sea necesario que las familias de estas personas pasen por el costoso proceso de declaración de interdicción.

En un ejercicio que se realiza por primera vez en el país, la Unidad para las Víctimas aplicó hoy en Cali una herramienta que permitirá que las víctimas con discapacidad intelectual, mental/psicosocial o múltiple no requieran una sentencia de interdicción para acceder a su derecho a la indemnización administrativa.

Fue un instrumento ejecutado por los profesionales psicosociales con dos adultas mayores (de 84 y 86 años de edad) y una mujer con Síndrome de Down, quienes tienen un certificado de discapacidad emitido por su EPS.

Eva Valencia, profesional psicosocial de la Unidad, explica que a cada una de estas personas se le aplicó el protocolo de Toma de Decisiones con Apoyo, que le permitirá a la entidad conocer qué requiere esa persona con discapacidad para que pueda hacer uso de su derecho jurídico y acceder a los recursos de la indemnización.

“Una vez se hace esa valoración, puede encontrarse que la persona está en la capacidad de recibir y decidir qué hacer con esos recursos. O se puede identificar quién es ese familiar que constituye su apoyo fundamental para asistirlo en ese proceso. Estos conceptos pasan por una Mesa Técnica que puede tomar la decisión de cuáles son los ajustes que se deben hacer para entregar el dinero de la indemnización. Esto evita el costoso paso para las familias de realizar un proceso de interdicción”, indicó la funcionaria.

Dicho protocolo de valoración hace uso de múltiples maneras para establecer comunicación con la persona con discapacidad (juegos, pictogramas, tarjetas, entre otros), a través de los cuales esta pueda expresar cómo es su vida, cómo  o quién toma sus decisiones, quién es su apoyo y cuál es la inversión que desea hacer con los recursos de su indemnización.

Cada persona sujeto de la valoración debe estar en compañía de dos seres muy cercanos y fundamentales para ella, quienes también brindan información dentro de este proceso.

Cristina Quintero, profesional psicosocial de la Unidad en el Valle, precisó que en los casos en los que se decida la entrega de los dineros, se hará seguimiento a la inversión adecuada de los recursos, a fin de garantizar que se inviertan de acuerdo a la voluntad y decisión de la víctima con discapacidad.

Este protocolo hace parte de la Estrategia de Toma de Decisiones con Apoyo que puso en marcha la Unidad para dar cumplimiento al Auto 173 de 2014 que busca garantizar el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, mental/psicosocial o múltiple y que contó con el apoyo de la OIM.