Como consecuencia de las mejoras en la atención a las víctimas del conflicto armado, en el último año se redujeron en un 90.5 por ciento las tutelas que ellas interponen. Así, la Rama Judicial ahorró $280.034 millones, las víctimas dejaron de pagar $18.229 millones a tramitadores y la Unidad para las Víctimas ahorró $18.682 millones.

Producto de un trabajo de reingieneiría institucional desarrollado en el último año, que no representó costos adicionales ni en personal ni en dinero, las tutelas pendientes de respuesta en la Unidad para las Víctimas se redujeron en un 90.5 por ciento. Mientras en mayo de 2016 la Unidad tenía 50.926 tutelas pendientes de respuesta, 12 meses después, en mayo de 2017, ese número es de solo 4.763.

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de Constitución Nacional, se había convertido, hasta el año pasado, en la principal herramienta de las víctimas para reclamar la restitución de sus derechos ante el Estado. Ese hecho generaba acumulación de trabajo y mayores costos a la Unidad, lo cual obstaculizaba la  adecuada atención a las víctimas. Así mismo, el gran número de tutelas contribuía a la congestión de la Rama Judicial y su consecuente aumento en costos.       

A la par con la reducción en el número de tutelas pendientes, se logró una disminución significativa en el tiempo de  respuesta de las mismas. Mientras el año pasado los requerimientos judiciales por tutelas en la Unidad se respondían en 34 días, a mayo de 2017 se responden en menos de dos días (1,8 exactamente).

El estudio elaborado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado “Riesgos y costos de litigiosidad contra el Estado en escenarios de postconflicto: estimó que la Rama Judicial ahorró, entre el 2016 y 2017, $280.934 millones, las víctimas dejaron de pagar a los inescrupulosos tramitadores de tutelas $18.229 millones y la Unidad ahorró $18.682 millones.

Los derechos de petición presentados por las víctimas y pendientes de respuesta  también se redujeron notoriamente. En mayo de 2016 había 128.416 pendientes de respuesta y un año después es cifra es de 43.117, con lo cual se logró una reducción del 66%.

Estos logros han mejorado sustancialmente la atención a las víctimas, que ahora interponen menos derechos de petición y tutelas.