La Corte Constitucional, organismo perteneciente a la rama judicial del Poder Público, determinó medidas de articulación institucional para atender a las comunidades Jiw y Nükak.

La Unidad para las Víctimas, en conjunto con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las víctimas (SNARIV), participó en la jornada institucional para el cumplimiento de los compromisos establecidos en la sesión de seguimiento al Auto 565/16 de la Corte Constitucional.

Este Auto hace referencia a la sentencia que emite la Corte Constitucional para la conformación de una Mesa Técnica de Trabajo, para evaluar el cumplimiento a las ordenes emitidas a través del auto A173/12, en el marco del seguimiento a la implementación de la Sentencia T-025/04.

El objetivo de la Mesa Técnica, según lo proferido por esta Corte, es “reunir a los operadores de la política pública dirigida a atender las necesidades de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, de los departamentos de Meta y Guaviare, a partir de los aspectos que representan mayor complejidad en su implementación, con el afán de proveer soluciones efectivas para salvar los obstáculos y procurar avances significativos, encaminados al goce efectivo de sus derechos”.

“A la actividad se vinculan entidades como la Alcaldía de San José del Guaviare, delegados del Ministerio del Interior e instituciones acompañantes como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el fin de determinar las rutas de acción para los procesos de retorno y planes urgentes de atención a esta población objeto de la sentencia”, afirmó Carlos Pardo Alezones, director de la territorial Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas.

En la sesión de hoy, con los organismos de control, se realizaron revisiones y evaluaciones detalladas sobre el cumplimiento de los compromisos previos; además de la socialización –por parte de los actores que participan en el proceso de seguimiento para el análisis de las medidas de urgencia requeridas– de los riesgos y afectaciones a los cuales están expuestos los pueblos indígenas a los que hace referencia la Corte Constitucional en este Auto, con el fin de implementar los planes de retornos de estas comunidades a sus territorios.