A través de diferentes mecanismos que buscan la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, la Unidad para las Víctimas ha invertido más de $16.000 millones en esta población. Estas acciones buscan extenderse a la mayor cantidad de población indígena víctima asentada en la ciudad.

Con políticas, programas y proyectos integrales, la Unidad para las Víctimas busca atender y asistir a las comunidades indígenas que han sido afectadas por el conflicto armado y que por sus perversas dinámicas han llegado al distrito capital.

Actualmente, la Unidad concentra sus esfuerzos en el trabajo con los Embera Katío y Embera Chami para facilitar su retorno a los territorios ancestrales. “La misma comunidad ha manifestado que al estar en las ciudades se está deteriorando su cultura y su cosmogonía, por lo que hacemos todos nuestros esfuerzos para atenderlos mientras definimos de manera concertada su proceso de retorno y reubicación”, indicó Óscar Javier Vargas, director de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas.

Desde el año 2012 se han venido realizando estos esfuerzos para la garantía de derechos a la población Embera inscrita en el Registro Único de Víctimas y se ha invertido alrededor de $16.361 millones para estas comunidades, los cuales se han utilizado para alojamiento, planes de salud, kits de aseo, alimentación (de acuerdo a las tablas kilocalóricas emitidas por el ICBF) y transporte.

En aras de garantizar el componente educativo, la Unidad a través del distrito garantiza cupos escolares en los colegios aledaños a su ubicación temporal para los niños y niñas en edad escolar. “Sabemos que tenemos 300 indígenas y por eso nos articulamos con diferentes entidades del Snariv para que haya una veeduría permanente sobre este albergue en particular. Queremos que esta población se atienda de forma diferencial y oportuna”, añadió Óscar Vargas.

Con estos espacios la Unidad para las Víctimas busca satisfacer las necesidades básicas del derecho a la subsistencia mínima de la comunidad Embera, brindar alojamiento temporal y seguro con un enfoque diferencial para contribuir a mitigar los efectos adversos generados por la situación de vulnerabilidad y fragilidad social, mientras se concretan las acciones encaminadas al retorno de la población a sus sitios de origen o su reubicación, promover en favor de la comunidad, la observancia de las normas mínimas de convivencia que promueva un ambiente de armonía y respeto comunitario y por último brindar una solución de continuidad en la atención a esta población, en aras de lograr el retorno, reubicación definitiva o temporal de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 4633 de 2011.