En las últimas semanas de agosto, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones comenzó la socialización de la Guía Metodológica para la implementación local del Protocolo de Participación para niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en las ciudades de Cartagena, Montería, Pasto, Villavicencio y Yopal.

A lo largo de la historia del conflicto colombiano y especialmente después de la expedición de la llamada ley de víctimas, se ha construido la política de reparación integral de la mano de sus principales beneficiarios. Sin embargo, hasta el momento no se les había dado voz a los niños y niñas adolescentes víctimas, quienes tienen derecho pleno a ser escuchados y a participar de la construcción de las políticas que los afecten.

En el pasado mes de agosto, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones comenzó la socialización de la Guía Metodológica para la implementación local del Protocolo de Participación para niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en las ciudades de Cartagena, Montería, Pasto, Villavicencio y Yopal.

Jorge Bernal, profesional del grupo asesor de la dirección general en temas de niñez y juventud de la Unidad, estuvo al frente de la reunión en Montería, donde se comenzó la construcción de un plan de trabajo con las instituciones involucradas en este proceso. A la reunión asistieron representantes de la Alcaldía, gobernación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los enlaces de enfoque diferencial y de participación de la Unidad en Córdoba. Al respecto Bernal recalcó. “Hasta este momento no existe un escenario de participación específico para niños y niñas y adolescentes víctimas. Funcionan varios como las Mesas de participación de víctimas, pero son para los mayores de edad. Allí pueden influir en la política pública y en la de reparación integral pero los niños víctimas aún no. Este escenario debe crearse si se quiere cumplir la ley de víctimas, la constitución, la convención de los derechos del niño y el código de infancia y adolescencia. Por eso entendemos que hay una deuda con ellos en cuanto a participación y en la definición del proceso de reparación integral”.

Pero no es fácil encontrar el camino correcto para darle voz a esta población. “Hoy vivimos una realidad en el país –dice Bernal- en la que la importancia de los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derechos no es reconocida. Tampoco se les ve como capaces de tomar una decisión, incluso dentro de las familias, la comunidad, el barrio, la casa y menos en algo tan general como la política pública. En ese sentido, comprender la participación de los niños no es tan fácil. Nosotros no pretendemos adultizar los niños, y volverlos concejalitos o personeritos. Lo que buscamos es que, a través de metodologías en pedagogías y lenguaje, se generen propuestas desde ellos para impactar la política pública y el proceso de reparación integral”.

La decisión de comenzar este proceso en las ciudades de Montería, Cartagena, Villavicencio, Pasto, y Yopal, se tomó en conjunto con la subdirección de participación para las víctimas pensando que son municipios que cuentan con una capacidad instalada.

Para Belia Bedoya, asesora de gobierno de la alcaldía de Montería, comenzar este proceso es importante porque: “estamos comenzando a darles las respuestas a los derechos de los niños desde los territorios. Se había hecho con los adultos pero no con ellos. Lo más importante es que puedan demostrar que ellos también tienen voz, participación e incidencia en las políticas tanto locales como nacionales. Gracias al apoyo de la OIM y la Unidad y la articulación de las instituciones se podrá desarrollar esto de manera participativa, equitativa incluyente. Escuchar a los niños de primera infancia es importante porque nos permite sensibilizarnos como funcionarios públicos sobre sus derechos y cómo responderles los 365 días del año”.