El Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas realizan esta jornada en Bogotá, cuyo objetivo la revisión conjunta entre el nivel territorial y nacional de las propuestas de los cuatro sujetos, en aras de definir compromisos o preacuerdos que permitan avanzar en el proceso de reparación de cuatro sujetos colectivos.

Representantes de las comunidades de Bellavista (Bojayá),  Alto Andágueda (Bagadó),  La Puria y  Sabaleta  (ambos en Carmen de Atrato) están reunidos en Bogotá para la realización de una jornada de preacuerdos, que servirá de hoja de ruta para la implementación de planes de reparación colectiva durante el año 2017.

Alan Jara, director nacional de la Unidad para las Víctimas, acompañó el acto de armonización que se realizó previo a la composición de las diferentes mesas de trabajo con los representantes de la comunidad afro de Bellavista y de los resguardos indígenas del Chocó. Participaron la Gobernación de Chocó y los Alcaldes de Bojayá, Carmen de Atrato y Bagadó.

“Los preacuerdos que hay con la comunidad los vamos a sacar adelante a partir de la articulación con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), donde la Unidad es la coordinadora; hoy vamos a revisar los avances y medidas y, concertar con las diferentes entidades ajustes necesarios para llevar a cabo dichos planes”, aseveró Jara.

En los tres sujetos se identificaron afectaciones bajo los cuatro principios que rigen a los pueblos indigenas: “Queremos que las medidas queden delimitadas y que se ajusten para que ya se puedan implementar a cabalidad”, añadió.

En los tres sujetos indígenas se identificaron afectaciones a los cuatro principios que rigen a estos pueblos: Autonomía, Unidad, Territorio y Cultura. Los cuales han definido en el Plan de Salvaguarda. Igualmente, con la comunidad Afro de Bellavista – Bojayá, se evidenciaron las afectaciones sobre los principios definidos en el plan de Etnodesarrollo: Cultura, Conservación, Autonomía y Calidad de Vida.

César Queragama, uno de los líderes del resguardo indígena del Alto Andágueda (pueblo Katío) compuesto por cerca de 8.000 personas y que ocupa 51.000 hectáreas, aseguró: “A raíz de todo esto a nosotros nos afectó la moral, la cultura, nuestros sistemas político y organizativo. Sufrimos daño territorial y del medio ambiente porque al generarse enfrentamientos la población cogió temor a las prácticas normales”.

A su turno, Delys Palacios, representante de la comunidad de Bellavista en Bojayá del Comité por los Derechos de las Víctimas de este emblemático caso, enfatizó: “Se ha venido desarrollando un trabajo con la Unidad para las Víctimas y con el Ministerio, responsables de la política pública de víctimas y de la consulta previa (respectivamente)”.

“Hemos venido desarrollando un trabajo importante que nos ha permitido contar con una propuesta de plan que nos interesa concertarla pero que las instituciones asuman el compromiso para implementar estas medidas”, puntualizó.

Han transcurrido 14 años de la masacre del 2 de mayo de 2002, que impactó al municipio, al departamento y al país. Un hecho que genero afectaciones y ruptura entre la unidad del pueblo indígena y afro. Actualmente todas las comunidades de Chocó y en particular las cuatro comunidades, están trabajando en un proceso de reparación en las dimensiones moral, político y material. Ambos pueblos tienen como principios la construcción de la paz y la reconciliación.