También se destaca un avance significativo de las mesas de participación de las víctimas, dado que en el cabildo abierto llevado a cabo en la Plaza de Nariño de Pasto, las mismas entregaron una propuesta de inclusión de política pública para los planes de desarrollo, sin dejar de lado que la mesa de víctimas de Pasto ha sido catalogada como una de las mejores a nivel nacional.

Las instalaciones del Hotel Galerías de la ciudad de Pasto, sirvieron de sede, este lunes 21 de noviembre, para la rendición de cuentas 2016 de la territorial Nariño de la Unidad para las Víctimas.

Durante la presentación del informe, Alicia Rueda Rojas, directora territorial saliente encargada y subdirectora de reparación individual de la Unidad para las Víctimas, señaló que con corte a 31 de octubre de 2016, Nariño tiene un total de 388.160 víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas, cuyas declaraciones fueron presentadas dentro del departamento y que en la actualidad 316.538 de ellas aún se encuentran ubicadas dentro del mismo y que en Nariño han ocurrido 422.217 hechos victimizantes, de los cuales el 81.7% corresponde a desplazamiento forzado y el 7,61% a homicidio.

En lo referente a la gestión social y humanitaria, el informe permite ver que los 64 municipios y el departamento cuentan con plan de contingencia formulado, lo que permite concluir que los nariñenses se encuentran preparados para atender oportuna y adecuadamente las emergencias que se presenten. 

De igual forma, sobresale la entrega de ayuda humanitaria en emergencia o por prevención que alcanza casi los $619 millones correspondientes a la entrega de kits de alimentos, aseo, alojamiento, cocina y escolares en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Santa Bárbara y Magüí Payán a 367 familias afectadas por desplazamientos (1.124 personas), y la entrega de kits de alimentos y aseo para prevención de desplazamiento en la verada Teraimbe (Barbacoas), vereda Ricaurte (Magüí Payán), vereda Río Ispi (Roberto Payán) a 244 familias que corresponden a 565 personas. 

Asimismo, en materia de proyectos de infraestructura social y comunitaria la inversión se acerca a los $921 millones en la entrega de materiales para el mejoramiento y adoquinamiento de la calle del barrio Portales en (La Cruz), construcción de canchas deportivas polifuncionales en la veredas La Palma y El Pedregal (San Lorenzo), terminación del salón cultural del corregimiento Esmeraldas (El Rosario), centro de alojamiento temporal (Barbacoas) y la terminación del albergue en el municipio de Leiva. 

En cuanto al mecanismo de apoyo subsidiario en dinero, se priorizaron un total de 30 municipios a los que se les asignó una cifra que se acerca a los $1.720 millones, para coadyuvar en estas localidades en la atención de emergencias. “Acá hay algo muy importante para destacar y es que un alto porcentaje de estos recursos no ha sido necesario utilizarlos, porque la dinámica del conflicto en la región ha disminuido, lo que implica una disminución notoria en las emergencias humanitarias por atender de manera subsidiaria”, explicó Alicia Rueda. 

En lo que hace referencia a la dotación de mobiliario la inversión rodea los $537 millones correspondiente a la entrega de pupitres, sillas, mesas, tableros y/o escritorios a 45 instituciones educativas de los municipios de Providencia, Córdoba, Roberto Payán, Policarpa, Ricaurte, Samaniego, Cumbitara y La Llanada, así como $150 millones en proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria consistente en la entrega de herramientas o insumos en los municipios de Santa Bárbara, El Charco, Roberto Payán, Tumaco y Policarpa. 

Igualmente y con el objeto de ayudar a las víctimas de desplazamiento forzado en el pago de su alojamiento y alimentación, el informe señala que se han ubicado un total de 63.694 pagos por atención humanitaria con una cifra cercana a los $39.000 millones. Y en lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento, se han entregado 968 pagos por un valor de $1.279 millones.

Por otro lado, en lo corrido de este año han sido más de 160.000 víctimas que se han acercado a través de los diferentes canales de atención de la Unidad, con el fin de realizar solicitudes de sus respectivos procesos. Para fortalecer el proceso de atención se han llevado a cabo 27 jornadas móviles en diferentes lugares del departamento. 

El informe también destacó la construcción del Centro Regional de Atención a Víctimas del municipio de Policarpa que costó cerca de $1.673 millones, de los cuales la Unidad aportó el 95% de los recursos. Por su parte, el Centro Regional de Tumaco, cuyo costo ascendió a los $1.900 millones, de los cuales la Unidad invirtió el 95%, se encuentra totalmente terminado y se espera que entre en funcionamiento antes de finalizar el año. Así mismo, en octubre pasado se firmó un convenio interadministrativo para la construcción, dotación y funcionamiento del Centro Regional de Pasto que se prevé entre en funcionamiento en diciembre de 2017. 

“Frente al tema de indemnización administrativa, hemos indemnizado a 2.201 víctimas por un valor que se acerca a los $15.733 millones, de las cuales 1.814 han sido por desplazamiento forzado por aproximadamente $10.900 millones”, señaló Alicia Rueda.

Por otro lado, a la fecha un total de 15.615 personas cuentan con su plan de reparación, de las cuales el 53% son mujeres y el 47% son hombres.

En lo referente al tema de rehabilitación, en Nariño han sido atendidas 758 víctimas en la estrategia de recuperación emocional a nivel grupal. En cuanto a la exención del servicio militar, un total de 494 varones regularizaron su situación y obtuvieron su libreta militar.

En cuanto a las acciones de dignificación de las víctimas,  el informe de rendición muestra que se han entregado 11.557 mensajes de reconocimiento y dignificación para las víctimas y, además, se han realizado conmemoraciones en fechas de gran relevancia para las víctimas. Sobresale también la consideración al enfoque étnico y diferencial, ya que desde la Unidad se han desarrollado diferentes jornadas adaptadas metodológicamente para cada enfoque y se han trabajado temas específicos con pueblos étnicos.

También sobresalen los 53 proyectos de Esquemas especiales de acompañamiento familiar –EEAF- entregados en los municipios de Pasto e Ipiales por un valor de $371 millones, los 101 proyectos de EEAF aprobados en Pasto e Ipiales por un valor de $418 millones, el seguimiento a la implementación de 10 planes de retorno y reubicación y las gestiones para la implementación del proyecto de vivienda rural en el municipio de El Charco para 84 familias.
En la actualidad en Nariño hay 15 procesos de reparación colectiva en ruta, de los cuales 11 son sujetos de reparación colectica étnicos. Asimismo, hay cuatro planes integrales de reparación colectiva aprobados y en implementación (La Cruz, Leiva, El Rosario y Pasto) y un plan en diseño y formulación (Albán).

El informe también da cuenta de que en el departamento de Nariño existe respaldo programático y presupuestal para la política pública, toda vez que a través de la estrategia de nuevos mandatarios 2016-2019, se logró que la política pública quede incorporada en los planes de desarrollo de los 64 municipios y el departamento. También se destaca un avance significativo de las mesas de participación de las víctimas, dado que en el cabildo abierto llevado a cabo en la Plaza de Nariño de Pasto, las mismas entregaron una propuesta de inclusión de política pública para los planes de desarrollo, sin dejar de lado que la mesa de víctimas de Pasto ha sido catalogada como una de las mejores a nivel nacional.

Por último, se ha venido trabajando en la coordinación del Snariv para lograr una gestión de la oferta más efectiva, además de implementar un plan de choque para superar la situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado, a partir de los resultados de las mediciones.

El acto de rendición de cuentas fue utilizado también como una reunión de empalme entre Alicia Rueda y Jaime Ramiro Guerrero Vinueza, quien la semana anterior tomó posesión como nuevo director territorial Nariño de la Unidad para las Víctimas. Al referirse al informe de rendición de cuentas, Guerrero señaló que “todas estas cifras y datos muestran el compromiso de los funcionarios y contratistas que conforman la territorial Nariño, para con las víctimas de esta región del país” y agregó que “me esperan grandes retos como el de articular la gestión territorial con las políticas públicas del Gobierno Nacional, tomando como ejemplo la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas en el marco de sus derechos y las garantías de no repetición”, indicó.