La Escuela de Liderazgo para la Inclusión Social de Población con Discapacidad entrará pronto en funcionamiento en Bucaramanga y Medellín. Medio centenar de participantes, de ambas ciudades, tomarán cursos de liderazgo y conocerán los beneficios a los que les permite la Ley para, después, ser multiplicadores de la experiencia en otros municipios del país.

Por causa de minas antipersona, atentados o balas perdidas --que les provocó una discapacidad de por vida-- se convirtieron en víctimas del conflicto armado. Ahora, son sobrevivientes que se empoderan conociendo las oportunidades que les ofrece la Ley para superarse y lograr su inclusión social como ciudadanos con derechos.

Con ese propósito, inició en las ciudades de Bucaramanga y Medellín la ‘Escuela de Liderazgo para Población en Situación de Discapacidad’, resultado de un convenio suscrito entre la Unidad para las Víctimas y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

En Medellín, la escuela iniciará con 26 personas en situación de discapacidad. Los participantes asistirán mensualmente y por un año a talleres de capacitación en temas referentes a la Ley de Discapacidad, Ley de Víctimas, habilidades sociales y lo concerniente a la oferta institucional de servicios de educación, salud, atención apoyo sicosocial, empleabilidad y liderazgo.

Gloria Urrego y Oscar Darío Arias son dos sobrevivientes del conflicto que conforman el grupo inicial de trabajo en la capital antioqueña. “(En 2002) se presentó un enfrentamiento armado en la Comuna 13 de Medellín entre el Ejército y milicias de la guerrilla y fui víctima de una bala perdida que me causó la discapacidad”, relata Gloria, quien se moviliza en silla de ruedas.

Por su condición, la mujer conoce las “barreras físicas, arquitectónicas y sociales y hasta de transporte que, dice, tenemos a diario”. Para Gloria, representante de la población con discapacidad en la Mesa de Participación de Víctimas de Medellín, la escuela representa “una oportunidad para aprender sobre nuestros derechos y las leyes, en los cuales tenemos muchos vacíos para lograr replicar este conocimiento con otras personas en situación de discapacidad sean o no víctimas”, dice.

Durante la primera jornada de socialización del proyecto en Medellín participaron la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Viviana Ferro, y el director en Antioquia de la entidad, Jorge Mario Alzate, así como delegados de la Agencia de Cooperación Japonesa.

“Confiamos en que su conocimiento sirva para que la implementación de esta política pública de reparación a las víctimas sea más asertiva y que, con su empoderamiento, se pueda extrapolar esta experiencia a la política social sobre discapacidad en otras regiones”, aseveró Ferro durante el lanzamiento de la Escuela de Liderazgo.

Liderazgo para la inclusión social como reparación

Una vez concluya la etapa de formación de los líderes en Medellín y también cerca de 26 participantes de Bucaramanga, éstos deberán replicar el conocimiento adquirido en los municipios de Granada (Antioquia) y Carmen de Chucurí (Santander). Ambos sitios fueron elegidos como lugares piloto por tener un número significativo de población víctima y con discapacidad.  

“En cumplimiento de la Ley de Víctimas, desde la Unidad para las Víctimas tenemos un enfoque diferencial para atender y reparar a las víctimas con discapacidad. Confiamos que con sus experiencias y capacidades, por su trabajo con sus organizaciones, puedan construir una mejor política pública, tanto para las víctimas de un accidente con minas antipersonal u otro acto violento, como para la población discapacitada sin ocasión del conflicto”, afirmó –a su turno- Alzate, director de la entidad en Antioquia.

Oscar Darío Arias, civil y víctima de una mina antipersona, aseguró que con este proyecto le apuesta a tener una mejor calidad de vida y “a tener mejores herramientas para superar la discriminación, el asistencialismo y la falta de oportunidades laborales y educativas”.

“Yo decidí participar en esta escuela de líderes que nos ofrece formación y la oportunidad de capacitar a otras personas que quieran impulsar proyectos sociales y  liderar organizaciones a favor de la población en condición de discapacidad. En especial ahora que buscamos nuestra inclusión social, la reconciliación y la búsqueda de la paz”, enfatizó Arias.

Según el Registro Único de Víctimas, la población afectada por el conflicto con alguna discapacidad supera las 200 mil personas en todo el país. Además, la promulgación de la Ley 1618 de 2013 (Ley de Discapacidad) ordena garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con esta condición.