La Unidad para las Víctimas ha analizado los primeros borradores de los planes de desarrollo local, para observar los avances en la incorporación de acciones en favor de las víctimas del conflicto armado.

Gracias al trabajo constante y comprometido de alcaldías y gobernaciones, durante 2016 se ejecutarán proyectos que apoyarán la reconstrucción de la identidad de los pueblos y contribuirán a mejorar la vida de miles de colombianos víctimas del conflicto armado interno.

La Unidad para las Víctimas analizó los primeros borradores de los planes de desarrollo locales, especialmente los de las entidades territoriales que debían incluir en sus planes la política de víctimas, para lograr que por lo menos 300 de estas instituciones contaran con niveles de coordinación avanzados para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

“Cada acción incluida en los planes de desarrollo contribuye al restablecimiento de la dignidad de la población colombiana que ha sufrido la violencia y a la que es necesario no solo reparar, sino integrar a la vida social y económica del país”, señaló Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad para las Víctimas.

Para ello, la funcionaria indicó que se han redoblado esfuerzos con los nuevos mandatarios y que se brindó asistencia técnica a más de 920 entidades territoriales para la inclusión de la política de víctimas en los planes de desarrollo. Actualmente, se han retroalimentado técnicamente y de manera formal a más de 400 alcaldías y departamentos, buscando fortalecer el componente de víctimas dentro de estos planes.

En el marco de la estrategia Territorios por la Paz, se acompañaron a más de 715 entidades territoriales, con la participación directa de más de 465 alcaldes de todo el país y 23 gobernadores, logrando que las víctimas estén incluidas en la agenda territorial de las nuevas administraciones. Estas han recibido de manera constante las recomendaciones del gobierno nacional para trabajar por la garantía de los derechos de las víctimas en sus municipios y departamentos.

Gran acogida del Banco de Gestión de Proyectos para víctimas

La gran acogida e impacto de la estrategia Territorios por la Paz se pudo comprobar en el primer ciclo del Banco de Gestión de Proyectos de 2016, que contó con una amplia visión territorial.

Se recibieron 87 proyectos elaborados por 225 municipios de 23 departamentos, por un valor total de 124.739.259.328 pesos. De estos, se solicita a la Unidad para las Víctimas cofinanciación por algo más de 96.000 millones, con un aporte de las entidades territoriales ligeramente superior a los 26.464 millones. Dentro de esta contrapartida existen recursos de entidades público/privadas. Ante esta realidad, es compromiso de todos continuar fortaleciendo el mecanismo.

Los departamentos desde donde se presentaron dichos proyectos son: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Aunado a lo anterior, se destaca que entre 2013 y 2015 la Unidad consolidó el Banco de Gestión de Proyectos como estrategia propia en la flexibilización de la oferta nacional con relación a las necesidades territoriales, a partir de esta estrategia se cofinanciaron un total de 29 proyectos, en 158 municipios de 20 departamentos, beneficiando a 60.410 víctimas, con una inversión de 62.049.701.614 pesos.

Nación y territorios, responsables de la política pública de víctimas

Según Paula Gaviria, “los logros obtenidos no son solo de la Unidad, son de los mandatarios que pusieron a las víctimas en la agenda territorial de sus administraciones, y que hoy sabemos están listos para trabajar por la garantía de los derechos de las víctimas en sus municipios y departamentos”.

La estrategia de corresponsabilidad va más allá del dinero o la ayuda en especie y el verdadero resultado es la articulación de los diferentes niveles de gobierno en la implementación de sus competencias de manera armónica para aplicar los principios de subsidiariedad y concurrencia, a partir de la identificación de las necesidades territoriales.

Cada proyecto con visión territorial permitirá mejorar las condiciones de vida en cuanto a habitabilidad, seguridad alimentaria y generación de ingresos para familias que se vieron forzadas a dejar sus tierras. Si bien las víctimas han demostrado que su propio esfuerzo las impulsa a seguir adelante con sus proyectos de vida, los administradores locales proporcionan herramientas para que la labor continúe por un buen camino.

Para Paula Gaviria, en la actualidad las entidades territoriales son más conscientes sobre la necesidad de contribuir al goce efectivo de derechos de las víctimas. La estrategia de corresponsabilidad y la oferta pertinente a las necesidades de las víctimas es hoy una realidad en los territorios.

Las entidades han aumentado su presupuesto para la atención y reparación a las víctimas y hoy disponen de capacidad técnica para el cumplimiento de sus competencias. Así mismo, se cuenta con medición de indicadores para identificar los ajustes que se requieren en la implementación territorial de la política.

“Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a fortalecer las labores que tengan mayor impacto en la población víctima y esto no sería posible sin el compromiso de los alcaldes y los gobernadores. Hoy, a todos ellos, la Unidad para las Víctimas les dice ‘gracias’”, concluyó Gaviria.