La presentación de la serie “Una nación desplazada”, que nos convoca hoy, nos invita a no olvidar la magnitud de los daños ocurridos en Colombia con ocasión del conflicto armado interno. Lo que no se nombra no existe.

Un saludo muy especial a todos y todas.

La presentación de la serie “Una nación desplazada”, que nos convoca hoy, nos invita a no olvidar la magnitud de los daños ocurridos en Colombia con ocasión del conflicto armado interno. Lo que no se nombra no existe.

Por eso, desde hace más de cuatro años el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha decidido reconocer la existencia del conflicto armado y de sus víctimas. Hoy asumimos, como nunca en la historia del país, la complejidad del desplazamiento forzado y las consecuencias que ha traído consigo. El reto que enfrentamos es mayúsculo, nuestrao deder no es solo recordar, es transformar la realidad de miles de víctimas despojadas del pacto mínimo de ciudadanía.

Este reconocimiento nos ha llevado a saber que en Colombia hay 6 millones de víctimas de desplazamiento, que representan el 86% del universo total de víctimas y es casi el 13% de la población colombiana. De ellas, más de 500.000 han sufrido otros hechos victimizantes, como violencia sexual,  amenazas, despariciones y secuestros entre otros muchos delitos. Son mujeres, niños, adolescentes, personas mayores, indígenas, afrodescendientes… que han sufrido las consecuencias de la guerra y de múltiples formas de violencias

Conocer esta realidad y las historias de vida de esta “nación desplazada” es el primer paso para afrontar las tareas que, como Estado, se nos imponen. Qué mejor escenario que la Semana por la Memoria, para dar a conocer estos informes sobre el desplazamiento forzado en Cololmbia contribuyendo a la “reconstrucción de la memoria del conflicto armado y su papel en la configuración de una sociedad en paz”. En este momento histórico en Colombia cuando empezamos a ver la terminación del conflito como algo posible, real y cerca, resulta trascendental que sean las víctimas de desplazamiento forzado, las protagonistas de esta Semana.

A menudo, las víctimas exigen saber la verdad, por el efecto que esta tiene. Por eso, los relatos públicos de lo sucedido, compartir el contenido de informes como el que hoy se presenta, son parte del proceso de reparación. Se trata de reflexionar en conjunto sobre ello, y seguir dando pasos hacia la construcción de un país responsable, como un Estado que promueve la no repetición de los hechos violentos. Un Estado que hoy reconoce a las víctimas que están en el exterior.  

Durante la semana pasada en Cúcuta, en la presentación del  informe “Cruzando la frontera: Memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río Arauca”, manifesté que estas investigaciones contribuyen a visibilizar los testimonios y memorias de las víctimas; a dimensionar los impactos que ha tenido el desplazamiento forzado; y a reconocer, como afirmé en la última audiencia ante la Corte Constitucional, que en la actualidad, existe una institucionalidad que avanza en la garantía de los derechos.

Como fue declarado por la Corte Constitucional, y es recogido en el informe que hoy se presenta, el Estado de Cosas Inconstitucional se da en el marco de la vulneración masiva y prolongada de derechos y debido a la precaria capacidad institucional de entonces para la formulación, implementación y ejecución de la política pública.

La existencia del Centro Nacional de Memoria Histórica a partir de la aprobación de la Ley de Víctimas durante el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, ha traído consigo avances inéditos en materia deverdad y reconocimiento para las víctimas, incluidas las de desplazamiento forzado. El gobierno se ha ocupado de recuperar, conservar y analizar los testimonios y documentos de las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano. Esto ha permitido trasladar al espacio de lo público la memoria y el relato de las víctimas, contribuyendo al esclarecimiento de las causas y el reconocimiento de la verdad, generando transformaciones culturales en los imaginarios colectivos que se han construido alrededor de la guerra y aportando a la no repetición de los hechos.

Hoy el Estado está más cerca de las víctimas. Planeamos y ejecutamos teniendo en cuenta su participación, con un enfoque de derechos, democrático y transformador. Existe todo un Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del cual hacen parte las entidades nacionales, territoriales, locales e instituciones involucradas con la ejecución de esta política, así como las Mesas de Participación Efectiva, que se han constituido de manera democrática a nivel municipal, distrital, departamental y nacional. Esta tarde, por ejemplo, nos acompañan Consuelo Cruz y Maicol Andrés Martínez, en representación de la Mesa Nacional de Participación. Podemos decir que las víctimas tienen voz e inciden en la política pública que les afecta. Con la intervención directa de las víctimas en sus procesos de reparación, se fortalece el Estado de Derecho y la democracia en el país. Se están generando nuevos liderazgos y con la activa participación de las víctimas se contribuye a una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las entidades. 

Hoy sabemos más de las víctimas del conflicto gracias a la depuración y análisis del Registro Único de Víctimas y a la interacción de los sistemas de información, lo que nos ha permitido dirigir la oferta según las necesidades y potencialidades identificadas. Precisamente, en estos días se encuentra en Colombia una misión internacional de Ginebra que viene a conocer y a hacer recomendaciones sobre cómo realizar de mejor manera la caracterización de la población desplazada, haciendo un uso adecuado de la información obtenida. Esto como una muestra más de la voluntad de este gobierno por mejorar continuamente, pero además revela el alto interés que para otros países y organizaciones representa el caso colombiano.

Este conocimiento derivado del registro nos permite elaborar programas acordes a la situación real de las víctimas de desplazamiento y otros hechos victimizantes, como mencioné al principio. Más allá, el propio Registro Único de Víctimas es la herramienta que nos permite hoy elaborar informes como el que hoy se presenta. Aprovecho para precisar el alcance de este registro oficial, que tiene carácter administrativo y que busca una mejor identificación y reconocimiento de las víctimas, sin que ellas se vean obligadas a determinar el autor de los hechos. 

El informe, además de aportar a la memoria, avanza en recomendaciones a la política pública.

Se aborda el interés por la sostenibilidad del proceso y, frente a eso, el gobierno nacional reitera el mensaje de tranquilidad y confianza que presentó ante la Corte Constitucional en dias pasados.  En la actualidad se está analizando el costo total de la política de víctimas, teniendo en cuenta el incremento de esta población. La decisión del gobierno es mantener una inversión anual de 10,5 billones de pesos anuales.

Otro elemento de interés es la protección, la prevención y las garantías de no repetición para las víctimas de desplazamiento forzado.  Es inobjetable la reducción del desplazamiento en los últimos años. En términos generales, se observa que desde el año 2012, cuando se produjeron 241.256 víctimas, el descenso en las victimizaciones ha sido evidente. En lo corrido de 2015, se han producido 11.587 nuevas víctimas. De mantenerse esta tendencia, la reducción en este año podría ser cercana al 90% en comparación con 2012. A ello ha contribuido el cese al fuego y el desecalamiento, sin embargo, somos conscientes de los desafíos que imponen nuevas dinámicas territoriales de violencia que debemos comprender y abordar.

Hoy el Estado se ha empeñado en fortalecer la política de retornos y reubicaciones, y en ese proceso hemos acompañado a más de 80.000 hogares.  La Encuesta de Goce Efectivo de Derechos revela que el 78,6% de los hogares considera que ha iniciado ya su proceso de retorno o reubicación, y un número importante de estas personas asegura haberlo hecho bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.

Hemos aprobado 184 planes de retornos y reubicaciones, y observamos positivamente los avances en restitución, por los que ya tenemos más de 170.000 hectáreas restituidas y otras tantas en manos de los jueces de restitución para decisión.

El informe tiene un capítulo especial, de suma importancia, dedicado a la impunidad. Ante la Corte Constitucional, el Estado ha reconocido que este es uno de los mayore retos. La encuesta de goce efectivo de derechos nos reveló que hay un mayor conocimiento de las instituciones ante las que se puede denunciar, pero se mantiene bajo el nivel de denuncia. Trabajamos como nos comprometimos ante la Corte en asegurar un escenario institucional sólido que le facilite a las víctimas de desplazamiento el acceso a mecanismos y herramientas de orientación, atención y promoción de sus derechos y acceso a la justicia.

Hace poco, recibimos un reconocimiento que nos interpela a seguir trabajando y nos pone ante la dualidad del trabajo juicioso, bien hecho, y por otro lado, el inmenso reto y las grandes expectativas que se han generado entorno a la reparación. La Universidad de Harvard afirmó que la Ley de Víctimas y el programa de atención y reparaciones es el más ambicioso y comprehensivo del mundo. De las más de 500.000 víctimas indemnizadas, más de 86.000 son víctimas de desplazamiento. Aquí aprovecho para recordar que este era uno de los aspectos no contemplados en la norma y que comenzó a implementarse con motivo de las indicaciones de la Corte Constitucional. Esto significa que estamos avanzando en un proceso innovador: somos el primer país del mundo en hacerlo.  

Parte de la complejidad y de los retos que asumimos es la implementación del decreto 2569 de 2014, que recoge un nuevo modelo de asistencia humanitaria pensado para la superación de la situación de vulnerabilidad y la estabilización socioeconómica de las víctimas de desplazamiento forzado.

En el ámbito colectivo, hemos iniciado la ruta de reparación con 303 comunidades, grupos y organizaciones; 153 de ellos son sujetos étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom). Hoy estamos avanzando en la reparación de pueblos que fueron arrasados, de familias que salieron y dejaron atrás sus costumbres y proyectos de vida. Hoy vemos que gracias al trabajo conjunto avanzamos en la restitución de los derechos en el plano colectivo, algo que sin duda contribuye a la recuperación de la confianza en el Estado.

Por último, quiero destacar que con la elaboración de este informe y la presentación de esta tarde damos un paso fundamental hacia el esclarecimiento de la verdad respecto de los hechos ocurridos y las causas que originaron el desplazamiento de más de 6 millones de víctimas, y también un paso más en el conocimiento del profundo impacto que la guerra ha dejado y las dificultades que debemos enfrentar. Ser conscientes de esto nos da fortaleza para continuar en esta tarea.

Hoy reitero el compromiso del gobierno para seguir trabajando en favor de la población víctima de desplazamiento forzado y en la garantía del goce efectivo de sus derechos. Estamos convencidos que una de las condiciones de una paz sostenible es la satisfacción de los derechos y la inclusión de las víctimas de desplazamiento en las dinámicas socioeconómicas del país. La búsqueda de la paz nos pone ante la gran ilusión de no tener más víctimas, pero al mismo tiempo nos enfrenta al reto de no defraudar los compromisos adquiridos con las que ya existen. Los compromisos con el goce efectivo de sus derechos y su reparación integral.