Los procesos de reparación colectiva, atención a grupos étnicos y la gestión de subsidios agrarios marcaron el año.

Se realizó en la ciudad de Valledupar la rendición de cuentas de la territorial Cesar – La Guajira de la Unidad para las víctimas. El evento contó con la presencia de representantes de las mesas de víctimas, funcionarios de diferentes entidades del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas, y cooperación internacional.

En el evento se resaltó que el número de personas atendidas durante el presente año fue de 250.304 gracias a los nuevos centros regionales de atención en El Molino y Curumaní y a las más de sesenta jornadas presenciales en cada municipio de la región, en donde se brindó atención a más de 10.000 personas. Además, se indicó que 3.677 víctimas recibieron indemnización en lo corrido del año.

Juana Ramírez Gutiérrez, directora de la territorial Cesar– La Guajira destacó la importancia del trabajo mancomunado de las entidades del sistema y se refirió a las responsabilidades diferenciadas de cada institución a la hora de garantizar el goce efectivo de derechos de la población víctima, y puso en evidencia el importante papel del ministerio público en la ejecución y control de la política pública de víctimas.

Adicionalmente se destacó la labor de la Unidad en materia de reparación colectiva, ya que de los nueve sujetos priorizados, siete de ellos ya cuentan con su correspondiente plan integral de reparación. Además, se han atendido 480 personas en el marco de la estrategia de recuperación emocional grupal móvil en los sujetos de reparación colectiva étnicos en Guacoche y Palmitas.

Uno de los mayores logros tiene que ver con la presentación de un proyecto para la convocatoria 'Pacto agrario', donde se beneficiaron 25 familias de los corregimientos de Santa Isabel, Curumaní y miembros de la mesa departamental de víctimas del Cesar, con una inversión de 480 millones de pesos. Y la gestión de 33 cupos para el subsidio individual de desarrollo rural agrícola, SIDRA, para familias retornadas y reubicadas de los municipios de Valledupar, Curumaní y Agustín Codazzi.

Por otra parte, con la gobernación de La Guajira se está implementando el Convenio para el 'Fortalecimiento a la reparación y a la atención integral a víctimas del desplazamiento forzado' dirigido a 600 familias en los municipios de Riohacha, San Juan del Cesar y Dibulla en el departamento de la Guajira por valor de $ 5.097.898.404 millones de pesos, de los cuales la Unidad realizó un aporte de $3.220.895.150 pesos.

En materia de infraestructura social y comunitaria, que son proyectos dirigidos a comunidades en zonas de alto riesgo de victimización, se entregó dotación en mobiliario al corregimiento Arjona, Astrea, por valor de $ 28.213.512.

Al finalizar la rendición, se realizó la ceremonia de graduación a quienes cursaron el diplomado ‘Participaz - La ruta de los derechos’, una formación en políticas públicas y construcción de la paz que ofrece la Unidad para las Víctimas. “Este grupo ha querido prepararse para ayudar a la reconstrucción del tejido social y brindar a la comunidad más herramientas para lograr un mejor mañana”, indicó Ramírez.