La Unidad para las Víctimas desarrolla acciones puntuales que materializan la implementación de la Paz con Legalidad, como el fortalecimiento de la reparación colectiva y el acompañamiento a las víctimas en sus procesos de retornos, reubicación e integración local

El gobierno del presidente Iván Duque ratificó hoy – con hechos- su compromiso de mantener a las víctimas como eje de todas las acciones del Estado, mediante el fortalecimiento de la reparación colectiva, su acompañamiento en planes de retorno, ubicación y reintegración, y la ampliación de sus espacios políticos a través de las curules de paz.

En rueda de prensa en la Casa de Nariño, el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, resaltaron los avances de la política de Paz con Legalidad, que son visibles y verificables, a la luz de los resultados, en todas las regiones del país.

“Seguimos firmes con las víctimas; más allá de las valiosas acciones de la Unidad, el gobierno sigue comprometido con la garantía de sus derechos tal como se plasmó la semana pasada en la reglamentación de las curules de paz para que ese escenario sea un espacio legítimo para las víctimas y garantice su participación política”, manifestó el consejero Archila.

El director de la Unidad señaló que la reparación contribuye al fortalecimiento del tejido social, la transformación de los territorios y a mejorar las condiciones de vida de las víctimas. En el Registro Único de víctimas, hoy figuran 9.165.126 de personas afectadas por la violencia. De este número, 7.378.799 son sujetos de atención y, aproximadamente, 2.941.123 se ubican en los 170 municipios donde se ejecutan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

A la fecha, en este gobierno van 2,6 billones entregados a 291 mil víctimas en indemnizaciones. Más de 1,1 millones de personas superaron condición de vulnerabilidad.

Los hechos

La Unidad para las Víctimas ha potencializado sus procesos existentes en cumplimiento a ese compromiso con la Política de Paz con Legalidad. Tal es el caso del Programa de Reparación Colectiva, que contribuye al resarcimiento de los daños ocurridos a las comunidades, organizaciones y grupos desde una óptica participativa y con protagonismo comunitario. Este programa, además de haber surtido un proceso de fortalecimiento técnico, ha acelerado la implementación de las acciones que integran las medidas de reparación.

De hecho, en tres años del actual Gobierno se han implementado 1.162 acciones reparadoras de estos planes, las cuales han beneficiado a 166 Sujetos de Reparación Colectiva (comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos u organizaciones y grupos). De estos Sujetos, 72 tienen presencia en municipios PDET, es decir, más del 60 % de las acciones reparadoras implementadas históricamente.

De igual manera, 39 Sujetos Étnicos han sido indemnizados con una inversión que supera los $10.500 millones; 19 de estas indemnizaciones se realizaron en municipios PDET por un valor de $5.205 millones.

A esto le sumamos que 439 comunidades han participado de la estrategia Entrelazando, dinámica que permite la reconstrucción del tejido social dañado por el conflicto, el restablecimiento de las relaciones de confianza y el fortalecimiento de la convivencia en las comunidades.

Ramón Rodríguez destacó la implementación total de las acciones de 30 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) y la protocolización de la consulta previa de 56 Planes Étnicos en los que ya se cerró la medida de indemnización. También mencionó que, al momento de la firma del Acuerdo de Paz, solo había cuatro PIRC que se encontraban en implementación.

En cuanto a Retornos y Reubicaciones, articulados con los PDET, durante la administración actual han sido acompañados 11.921 hogares en su proceso de retorno, reubicación o integración local. Además, 7.337 hogares han sido beneficiados con Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar o unidades de negocio entregadas a familias retornadas para su sostenibilidad por $37.599 millones. Por otra parte, 748 comunidades han sido beneficiadas con proyectos comunitarios o esquemas de acompañamiento por $30.915 millones.

En tres años, se ha ampliado la cobertura de la atención psicosocial y las estrategias de rehabilitación comunitaria. Es por esto que 261.077 víctimas han sido acompañadas en el marco del acceso a la medida de rehabilitación, de las cuales 91.933 corresponden a este periodo presidencial. Asimismo, dando cumplimiento a los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI), la Unidad garantiza la presencia de un profesional psicosocial en cada uno de los 34 Centros Regionales de Atención a Víctimas.

Por otro lado, se han entregado mayores recursos para la reparación, lo que ha permitido la implementación de la medida de indemnización a 290.696 víctimas a través de 318.795 giros, lo que representa un valor cercano a los $2,6 billones.

Otro aspecto para destacar, y con el propósito de identificar las condiciones de las víctimas, es que la Unidad ha diseñado mediciones como la Superación de Situación de Vulnerabilidad (SSV), la cual permite determinar si un hogar víctima de desplazamiento forzado ha sobrepasado la vulnerabilidad que ocasiona este hecho victimizante. Este proceso permite medir el cumplimiento en materia de salud, educación, identificación, alimentación, vivienda, generación de ingresos, reunificación familiar y atención psicosocial.

Víctimas de desplazamiento forzado han superado su situación de vulnerabilidad causada por este hecho victimizante, mientras que 1.078.493 la superaron en el marco de la Política de Paz con Legalidad. Este es un gran avance en ese primer paso de la reparación: estabilizar a las víctimas socioeconómicamente.

La Unidad para las Víctimas continúa trabajando en todo el territorio nacional, atendiendo y orientando a las víctimas, coordinando el acompañamiento en la atención a emergencias, apoyando a las entidades territoriales, garantizando el goce efectivo de los derechos vulnerados para asegurar que las víctimas reciban Ayuda Humanitaria completa y oportuna, y recibiendo sus solicitudes a través de los canales dispuestos para tal fin, entre otros. Con la implementación de la Política de Paz con Legalidad del presidente Iván Duque, la Unidad ha trabajado de manera incesante, demostrando con sus acciones el compromiso sólido con las víctimas como centro de la implementación.