Entre las sugerencias hechas, sobresale que la Administración municipal deberá distinguir los recursos destinados específicamente para las víctimas del conflicto armado.

Con el fin de contribuir a la adecuada implementación de la política pública de víctimas de Calarcá, profesionales de la Unidad para las Víctimas intervinieron ante el Concejo municipal, para realizar algunas recomendaciones en el plan de desarrollo, buscando mejorar la capacidad de oferta y la satisfacción de los derechos de los sobrevivientes del conflicto armado en el territorio.

 “Este es un ejercicio que hemos venido desarrollando en distintos municipios y que nos permite realizar algunas observaciones, tras el estudio detallado que hemos hecho, para que los planes de desarrollo tengan inmersa de manera concreta la política pública de víctimas en sus planes, programas y proyectos; ya se radicó ante el Concejo municipal y la alcaldía el documento y esperamos que sea realmente tenido en cuenta”, aseguró sobre el particular Laura Moreno, directora territorial de la Unidad en el Eje Cafetero.

De igual forma, Laura Moreno dijo que la entidad destacó que desde el artículo 8, que trata de los enfoques de aplicación en el plan de desarrollo “Calarcá para Todos” y particularmente en el enfoque de garantía basado en los derechos humanos, se incluyan a las víctimas del conflicto armado, las cuales ascienden a 5.531 personas según datos de la Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas.

Por su parte, Jhon Faber Rave Nieto, presidente del Concejo de Calarcá, indicó la apertura de la corporación con las entidades que quieran contribuir al bienestar de las víctimas, y dijo que estarán "muy pendientes", realizando seguimiento a la inversión de los recursos y el desarrollo de programas que vayan en ese sentido.

La Unidad recomendó a la Administración municipal distinguir los recursos destinados específicamente para las víctimas del conflicto armado, así como desglosar en el plan de acción territorial la inversión específica para cumplir con sus competencias con la población, así como tener metas concretas que beneficien a las víctimas en materia de vivienda, servicios públicos y programas de empleabilidad.

 (Fin/EHB/CMC/LMY)