Con el objetivo de conocer en detalle los alcances de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la Unidad para la Víctimas expuso su oferta institucional ante los cabildantes de esta localidad quindiana.

Con el fin de dar a conocer los alcances de la política pública de víctimas y articular para que los planes, programas y proyectos en favor de esta población queden incluidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023, Laura Moreno, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Eje Cafetero, estuvo presente en el Concejo municipal de Montenegro, Quindío.

En la reunión, a la cual también asistieron miembros de la Mesa Municipal de Víctimas, encabezados por su coordinadora Luz Elcira Vanegas y líderes de víctimas, se habló de generalidades de la Ley 1448, reparación integral, participación, atención psicosocial, reparación colectiva, ayudas humanitarias, indemnizaciones, libretas militares, entre otros.

“Es muy bueno poder participar de este tipo de espacios que nos sirven para exponer de manera amplia todo lo que tiene que ver con las víctimas del conflicto armado en el territorio, la oferta institucional que hay para ellos y de paso dejar en claro la competencias que tiene nuestra entidad frente a las personas afectadas por diferentes hechos victimizantes”, dijo Laura Moreno.

En el municipio de Montenegro actualmente son sujeto de atención por parte de la Unidad 3.000 personas, según los datos de la Red Nacional de Información.

“Queremos agradecer a la Unidad para las Víctimas por atender el llamado que le ha hecho el Concejo de Montenegro y de esta manera conocer más a fondo sobre la política pública de víctimas, sabemos que los recursos son muy escasos, pero les pedimos trabajar de la mano para que nos brinden mucha más cobertura en atención y nos ayuden a indemnizar esas víctimas que están ancianas y enfermas”, dijo el concejal Adrián Piedrahita.

Frente al componente de ayudas humanitarias, la Unidad para las Víctimas ha destinado un total de $2.784 millones de pesos, con el fin de ayudar a solventar la situación de vulnerabilidad de las familias que habitan en el territorio.

“Somos un municipio de sexta categoría, sin recursos y por eso vamos a velar porque la política de víctimas quede incluida en el plan de desarrollo, porque lo que no quede allí plasmado es como si no existiera”, concluyó la concejala Cristina Sáenz Arias.

(Fin/EHB/CMC/LMY)