Funcionarios de las gobernaciones de Guainía, Vichada y Vaupés se reúnen con el acompañamiento del Ministerio del Interior y de la Unidad para las Víctimas a revisar la implementación de la política pública de atención y reparación a víctimas como parte de la gestión pública territorial, buscando garantizar el acceso de las víctimas a sus derechos.

En las instalaciones del Hotel Villavicencio Plaza, la Unidad para las Víctimas adelantó la revisión de los contenidos de la política pública territorial de atención a víctimas con funcionarios de los departamentos de Guainía, Vichada y Vaupés.

En la jornada se contó con el acompañamiento del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior, quienes presentaron las generalidades a los funcionarios encargados de la implementación de la política en cada territorio.

“Se brindó un contexto amplio acerca de la política, abordando antecedentes, contexto y recuento de los principales hechos del conflicto armado ocurridos en el municipio, así como los compromisos de ejecución que han asumido los departamentos y municipios en cuanto a la atención integral a esta población”, expresó Iris Leal, profesional de Nación-Territorio de la Unidad para las Víctimas.

Por su parte, Carlos Pardo Alezones, director territorial de la Unidad para Meta y Llanos orientales, afirmó que “dada la amplia participación que las entidades territoriales tienen en la implementación de la política de se requiere haga parte permanente de la gestión pública territorial y se asuma de manera integral como un factor de desarrollo y garantía de mejores condiciones que requiere este grupo poblacional”.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, los decretos con fuerza de Ley 4633, 4634, 4635 y las normas complementarias determinan las características y los alcances con los cuales el Estado colombiano debe asumir de manera integral sus responsabilidades con las víctimas del conflicto armado, incluyendo aquellas que pertenecen a grupos de especial protección constitucional como los grupos étnicos; las mujeres; los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, las personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica, y las personas con discapacidad o con habilidades diversas.