La alianza que suscribieron la directora de la entidad, Yolanda Pinto Afanador, y una treintena de mandatarios municipales, benéfica a más de 6.000 víctimas de nueve departamentos.

La Unidad para las Víctimas, a través de su estrategia del Banco de Proyectos para la Vida y la Reconciliación, formalizó este jueves la alianza suscrita con 30 alcaldías del país que pone en marcha 25 proyectos productivos en beneficio de 6.169 sobrevivientes del conflicto de Caquetá, Santander, La Guajira, Casanare, Chocó, Córdoba, Magdalena, Nariño y Norte de Santander.

La directora de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto Afanador, reveló que la inversión ascendió a $42.430 millones para que la población víctima implemente estos programas productivos y de seguridad alimentaria. Con éstos, se fortalece la generación de ingresos y se obtienen un mejoramiento nutricional de 6.169 familias víctimas de estos departamentos”, dijo.

Durante el evento, Pinto destacó la importancia de trabajar articuladamente con las entidades territoriales e instó a los mandatarios a enfocar los esfuerzos para que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo, a fin de que las víctimas “arranquen a una vida más productiva y no esperen una asistencia indefinida”.

“Las alianzas con los alcaldes y gobernadores me parecen de la mayor importancia. Son ustedes los mejores aliados de la Unidad en la tarea que tenemos de atender y reparar a las víctimas del conflicto”, añadió la directora de la entidad.

En lo corrido del 2017, la Unidad ha firmado 29 proyectos de apoyo a la estrategia de acompañamiento psicosocial que propende por la recuperación integral de la población víctima y así aportar a la reparación integral de la población afectada por el conflicto armado en Colombia.

Desde el año 2013 se han obtenido importantes resultados, entre ellos: la cofinanciación de 87 proyectos, en 389 Municipios de 26 departamentos; con una inversión de $152.216 millones, de los cuales la Unidad para las Víctimas aportó $102.402 millones, las entidades territoriales $33.837 millones; otras entidades públicas y privadas, $15.976 millones, beneficiando a un total de 110.887 víctimas.