La Unidad Para las Víctimas participó en el Comité de Justicia Transicional del municipio de San Calixto, Norte de Santander, en el cual fue revisado el avance de la implementación de la estrategia de corresponsabilidad en la Atención y Reparación de las Víctimas y el ajuste del Plan de Acción Territorial.

Durante una revisión a la implementación de la política pública de víctimas en el municipio de San Calixto, Norte de Santander, hecha en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT), quedó en evidencia una debilidad en el reporte presupuestal de la inversión en víctimas a través del Formulario Único Territorial (FUT), con lo cual  se puede afectar el goce efectivo de los derechos por parte de las personas sobrevivientes del conflicto armado en la región.

 “En el reporte se advierte que la contribución al goce de los derechos de esta población no alcanza el 0.50 por ciento de la inversión total de ese municipio en la vigencia de 2016”, dijo la profesional Nelly Flórez, enlace de Nación-Territorio en la dirección territorial Norte de Santander-Arauca de la Unidad para las Víctimas.

Frente a esta situación los representantes de las distintas entidades y organizaciones presentes en el CTJT acordaron revisar la  coherencia del Plan de Acción Territorial 2016-2019 frente al Plan de  Desarrollo del municipio y la definición  de una  fecha para su ajuste con la participación de la mesa municipal de víctimas. Además, articular acciones puntuales entre la persona de enlace con las víctimas y el funcionario responsable del FUT, con el fin de fortalecer el reporte presupuestal.

La Unidad para las Víctimas hizo varias recomendaciones al alcalde, Yadil Sanguino Manzano: participar en los comités ampliados convocados por el gobernador, fortalecer los subcomités técnicos y designar un enlace municipal de tiempo completo, a través del cual se pueda coordinar y fortalecer  toda la política pública del municipio para las víctimas.

El CTJT también aprobó  la realización de una jornada de asistencia técnica para aclarar dudas y dejar clara la corresponsabilidad de la administración municipal en la atención y reparación integral a las víctimas.