Todas las alcaldías tienen plazo hasta el 31 de agosto del 2017 para ingresar la información en la plataforma encargada para el seguimiento de las acciones territoriales en la implementación de las Políticas Públicas y Planes de Acción de Prevención, Asistencia, atención y Reparación Integral del País.

Cada seis meses las alcaldías y las gobernaciones deben reportar a nivel nacional las acciones que adelantan en su municipio para disminuir la vulnerabilidad en la que han quedado las víctimas del conflicto armado, en pro de la reparación integral.

En esta plataforma, los mandatarios deben ingresar las acciones, presupuestos y cambios en la planeación de la política pública de victimas con la que ellos manifestaron que podían contar en el periodo 2017, teniendo en cuenta los componentes y las medidas para la adecuada prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a víctimas.

“En el primer Comité de Justicia Transicional del departamento de 2017, fueron revisados los avances en los planes de acción de los diferentes municipios con respecto a las víctimas, que presentaron significativos avances en el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población víctima”, expresó Carlos Ortiz Ruiz, director territorial de la Unidad en el Magdalena.

En este encuentro se observó que los alcaldes del departamento continúan aumentando el esfuerzo para la reparación integral a las víctimas, con presupuestos más acordes a sus necesidades; sin embargo, se recalcó la importancia de que los presupuestos se vean reflejados con obras concretas y proyectos que transformen las vidas de las víctimas para aumentar el bienestar.

Por esta razón, se espera que al finalizar el año, las alcaldías hayan ejecutado proyectos productivos, educativos, de vivienda y psicosociales a favor de las víctimas, con mayor impacto que en años anteriores, fortaleciendo la participación efectiva de las víctimas y la atención en las zonas rurales donde la violencia causó mayores desastres, con el fin de aumentar las garantías de no repetición.

Para el 2016, la gobernación y las 28 alcaldías del Magdalena invirtieron 5.935 millones de pesos para las víctimas, especialmente en temas de asistencia humanitaria; para este año, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo estarán atentos a verificar el aumento del esfuerzo gubernamental para la atención a las víctimas y estarán cotejando los resultados del Reporte Unificado de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas ( Rusicst), que es revisado directamente por el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas.

“Recordemos que el Rusicst, les permite fortalecer la capacidad institucional de las entidades territorial mediante la divulgación de la política pública, la identificación de las falencias institucionales y la propuesta e implementación de un plan de mejoramiento que le permita avanzar gradualmente hacia la garantía de derechos de la población víctima”, dijo Ortiz.

Además, concluyó que “este insumo permite avanzar en el proceso de certificación de las entidades territoriales, la aplicación de los principios de subsidiariedad, concurrencia y coordinación y la medición de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno”.