Fuerza Naval del Pacífico, Gobernación del Chocó, Alcaldía de Buenaventura, Alcaldía del Litoral de San Juan y Unidad para las Víctimas, entre otras entidades, realizaron el Comité Territorial de Justicia Transicional Extraordinario Región Valle del Cauca-Chocó para buscar soluciones a la situación que está ocasionando numerosos desplazamientos de familias.

En lo que va corrido del presente año, siete poblaciones del Valle del Cauca y seis del Chocó han padecido emergencias humanitarias por la presencia de actores armados ilegales. Esta situación, que se ha concentrado en la cuenca del río San Juan, ha afectado a 512 familias de ambos departamentos (1.990 personas), muchas de las cuales se han desplazado desde sus territorios hacia otros lugares, en especial hacia el casco urbano de Buenaventura.

Estos datos fueron entregados por la Unidad para la Atención a las Víctimas, representada por la directora territorial para el Valle, Fabiola Perdomo Estrada, en el Comité Territorial de Justicia Transicional Extraordinario Región Valle del Cauca-Chocó, que tuvo lugar anoche en Cali.

En este encuentro, la Gobernación del Chocó, en cabeza de su secretario del Interior,  Alexander Mosquera,  hizo un llamado de urgencia a las autoridades del orden nacional: “recientemente tuvimos una masacre en la comunidad de Carrá y se originó un desplazamiento masivo a Buenaventura, no queremos que esto siga sucediendo, nos están matando a nuestra gente, están secuestrando.  El Chocó quiere la paz”.

A su vez, el alcalde Litoral de San Juan, Willinton Ibargüen, dijo que su población atraviesa un momento muy difícil, “sentimos que esto se está desbordando, nosotros somos los que estamos poniendo la sangre en el suelo. Queremos que este problema se visibilice, el Litoral de San Juan también es Colombia”.

El alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda, precisó que este año han llegado más de 400 familias desplazadas del Chocó y del Valle al casco urbano del Puerto. “Las posibilidades que tenemos no son suficientes para atender a esta población, el problema es más preocupante de lo que se cree”. El secretario de Gobierno de este Municipio, Luis Fernando Ramos, aseguró que “es urgente la declaratoria de cese bilateral del fuego con el ELN. La comunidad es jamón del sándwich ente el ELN y el Clan del Golfo”, añadió. A este llamado del cese al fuego se unió la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

A su vez,  el contralmirante Luis Hernán Espejo, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, señaló al narcotráfico como el principal problema que está afectando a esta zona. “Un kilo de cocaína en las calles de Nueva York vale US$27.000 dolares (90 millones de pesos) y desde el 1 de enero a hoy  la Fuerza Naval del Pacífico ha incautado 31 toneladas de cocaina, eso son casi mil millones de dólares. Ese veneno que les hemos quitado a esas organizaciones los afecta”, señaló.

Fabiola Perdomo, directora territorial de la Unidad en el Valle, señaló que “coincidimos en que se requieren mayores esfuerzos y eso es lo que estamos haciendo. Desde la Unidad hemos venido cumpliendo nuestra misión y responsabilidad de acompañar, asistir y reparar las víctimas y lo seguiremos haciendo con todo el empeño”. También destacó la articulación lograda entre ambos departamentos para enfrentar esta situación.

La funcionaria hizo un llamado para que se convoque de manera urgente al  Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, para que sesione en el Valle, posiblemente en Buenaventura.

Se acordó en el Comité de ayer, convocado por la Gobernación del Valle del Cauca, citar una nueva reunión para socializar con entidades del orden nacional las necesidades identificadas en la zona, con el propósito de definir la oferta que dé respuesta a dichas necesidades. Esta reunión sería el 27 de abril en Bogotá y a ella se llevará el diagnóstico elaborado por la Unidad para las Víctimas y la Gobernación del Valle, así como los avances de la propuesta de intervención conjunta construida por el Comité Técnico Temporal Valle-Chocó.