Compromiso y voluntad política de la gobernación del Huila y los alcaldes
Los avances frente a la Ley 1448 en el departamento han sido muchos, sin embargo los retos de aquí en adelante son los más importantes, asegura Paula Gaviria, directora de la Unidad para las Víctimas.
Durante el desarrollo del Comité de Justicia Transicional, los 37 municipios que conforman el departamento manifestaron su compromiso frente a la población víctima de esta región.
Según las estadísticas departamentales de la Oficina Asesora de Planeación de la Unidad para las Víctimas, hay 166.798 sujetos de atención y/o reparación en el municipio. Huila actualmente cuenta con 1.140.539, lo que correspondería a que sólo un 14,62 por ciento de sus habitantes son víctimas del conflicto armado. Contrario a lo que sucede con otros departamentos del país en donde la presión llega al 60 o 70 por ciento.
Según la directora de la Unidad, existen varios interrogantes frente a lo que va a suceder en la etapa del posconflicto, sin embargo aseguró que hay que seguir organizando y planeando para tener una mayor inversión en el tema de víctimas en los departamentos.
Lo que se ha venido haciendo por parte de la Unidad para las Víctimas es solicitar a las alcaldías y gobernaciones a que tengan una información actualizada, proyectos claros y planes de desarrollo con el tema de víctimas incluido. Teniendo esto, la Unidad comienza a apoyar concurriendo con recursos como los que se tienen en los proyectos de cofinanciación.
En el departamento se han invertido, desde el 2012, 132.661 millones de pesos, de los cuales 881 han sido apoyo a entes territoriales; 63.134 corresponden a atención y ayuda humanitaria; 66.532 a indemnizaciones y 2.114 a inversiones que se han hecho en los centros regionales.
La expectativa ahora es continuar apoyando los proyectos que surjan en los planes de desarrollo. Por ejemplo, explica Gaviria “todas las alcaldías del departamento presentaron un proyecto para el segundo semestre del año”. La Directora aseguró que el proyecto pasó un primer filtro y se van a adecuar algunos puntos del mismo para iniciar su ejecución en el segundo semestre del año.
Huila hoy tiene una oportunidad enorme para atraer inversión y coordinar acciones que tengan alto impacto en la población víctima. “Las víctimas son vistas como agentes de desarrollo que están aportando a la recuperación económica de los municipios y finalmente están también aportando a la paz”, señaló Paula Gaviria.
Los municipios tienen plazo para finalizar sus Planes de Desarrollo hasta finales de abril. Entre mayo y junio deberán construir los Planes de Acción Territorial y la Unidad para las Víctimas ha venido prestando asistencia técnica en este proceso. La entidad también ha apoyado a municipios como Garzón y Pitalito en inmediatez, es decir en la entrega de los primeros recursos que requieren las víctimas. En los próximos días se mantendrá una reunión con Rodrigo Lara Sánchez, alcalde de Neiva, para dar apoyo al Centro Regional de Atención a Víctimas.
Por su parte, el gobernador Carlos Julio González, manifestó su interés de que el Huila sea uno de los territorios piloto para el posconflicto. Dentro de su visión, la gobernación tiene la claridad de hacer inversiones en educación, salud emocional y el tema psicosocial, para aportar en la construcción de la paz.
Durante el Comité se solicitó a las alcaldías y la gobernación a que coordinen temas prioritarios con las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas.
Por otro lado, se confirmó que municipios como Iquira, Algeciras, Oporapa, Saladoblanco y Tarqui, tendrán la posibilidad de hacer condonación de sus deudas con el Findeter, según se informó en días pasados a los municipios que hagan inversiones en víctimas con recursos propios.
De igual manera, se hizo énfasis en la caracterización que se está haciendo en todo el territorio nacional. El trabajo que está realizando la Unidad es muy juicioso para evitar posibles fraudes. Gaviria aseguró que se tiene la campaña “Ojo contra el Fraude” y que se está trabajando con la Fiscalía para adelantar las investigaciones requeridas en caso de que alguien esté incurriendo en algún delito.