La población actual del departamento es de 1.404.262 habitantes, 156.814 son sujetos de atención y/o reparación, lo que corresponde al 11% de la población total.

Con el fin de posicionar y fortalecer la incidencia de la Política de Víctimas en los Planes de Desarrollo del departamento del Tolima, se reunieron Paula Gaviria, directora de la Unidad para las Víctimas, el alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo, mandatarios de los demás municipios y representantes de diversas entidades en la ciudad de Ibagué.

Dentro del marco del Comité de Justicia Transicional Ampliado realizado en la ciudad de Ibagué, Tolima, se dio el contexto general y la dimensión política para las víctimas del departamento, que actualmente ascienden a 188.145, como base para el proceso de consolidación de la paz territorial.

La población actual del Tolima es de 1.404.262 habitantes, 156.814 son sujetos de atención y/o reparación, lo que corresponde al 11% de la población total. En Ibagué se concentra el 53 por ciento de la población víctima del departamento con 100.319 víctimas por declaración en el Registro Único de víctimas (RUV), seguido del municipio de Líbano con el 8 por ciento.

El Tolima está compuesto por 47 municipios y 30 corregimientos y se ha caracterizado por ser un corredor estratégico que conecta con diferentes zonas del país. La región suroccidental ha sido una de las más afectadas por el conflicto armado y es precisamente allí donde, según los mandatarios, debe concentrarse el accionar de las entidades territoriales.

Por un lado se debe construir un Centro de Atención en Ibagué donde se puedan atender a las víctimas que se concentran en la ciudad y alrededores. Según el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, la administración municipal ya posee un lote para la construcción y cuenta con los recursos para comenzar a hacer los estudios, sin embargo asegura que quiere ampliar el convenio para que haya más entidades involucradas en la obra. Añadió que hay que priorizar también el tema de víctimas con discapacidad.

Por su parte, el alcalde del municipio de Dolores, Gelman Betancourt Ramírez, manifestó su preocupación debido a que esta zona quedó por fuera de los territorios para el posconflicto y su municipio cuenta con cerca de 2.600 víctimas.

De igual forma, Jerónimo Pérez, secretario de Gobierno de San Sebastián de Mariquita indicó que su municipio es receptor de víctimas ya que muchos indígenas de la región del Urabá llegan a asentarse en esta región, destacó la comunidad Embera Chami. Por esa razón manifestó la necesidad de trabajar teniendo en cuenta dichas circunstancias.

De otro lado, la alcaldesa de Murillo, Martha Sánchez, expresó su sentir al asegurar que “el conflicto se originó en el Tolima y es aquí donde debe morir”. Señaló que el trabajo del posconflicto debe hacerse desde ese departamento hacia las otras regiones del país.

Así mismo, el mandatario de Natagaima, Jesús Alberto Manios Urbano, afirmó que su municipio está dispuesto a consolidar la paz en su territorio y a reconstruir el tejido social aseguró que, se favorecerán las oportunidades para las víctimas del conflicto. La alcaldesa de Rioblanco se refirió a la importancia de invertir en procesos productivos y hacer trabajo psicosocial para la consolidación de la paz. Bajo esta misma dinámica, el secretario de gobierno de Chaparral aseguró que “estamos comprometidos con la paz”

Paula Gaviria indicó que “cuentan con el apoyo de la Unidad para las Víctimas” y añadió que el objetivo es incluir las propuestas de los representantes de las mesas de participación  para que de esta manera se conozcan las verdaderas necesidades de este grupo de población. Anunció a los asistentes que los planes deben ser incluyentes para que la labor de los mandatarios sea visible.

Por otro lado, los representantes de las víctimas que asistieron al Comité presentaron sus inquietudes en cuanto a la solución de vivienda, salud, generación de ingresos, tenencia de la tierra y la dignificación como puntos esenciales para la superación de la vulnerabilidad.

Al finalizar, Gaviria insistió en que las propuestas sean concretas, sustentadas, viables y pertinentes para que “la reparación sea transformadora y la paz, sostenible”.