El Meta se comprometió con las víctimas del conflicto armado
En estos días, se desarrollan talleres en todo el país con el fin de garantizar que la política pública dirigida a las víctimas del conflicto queda incluida en los planes de trabajo de los nuevos mandatarios locales y regionales.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas participó en el Taller “Inclusión de la política pública de víctimas en los planes de desarrollo en clave al Plan de Acción Territorial”, dirigido por el comité técnico del Comité Territorial de Justicia Transicional en el departamento del Meta.
Carlos Arturo Pardo Alezones, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Meta y Llanos Orientales, indicó que este taller busca brindar herramientas a las administraciones municipales que permitan la inclusión de la política pública de víctimas en el Plan de Desarrollo Municipal, como paso preparatorio de la construcción e implementación de los Planes de Acción Territorial y la aplicación del decreto 2460 del 2015 que reglamenta la Corresponsabilidad en la Ley de Víctimas.
El comité que lideró este taller está conformado desde el año 2012 por la Secretaría de Víctimas de la Gobernación del Meta, la Unidad de Restitución de Tierras y la dirección territorial de la Unidad para las Víctimas en el Meta y Llanos Orientales.
Con la información suministrada en este evento se espera que los 29 municipios del departamento del Meta cuenten con las herramientas necesarias para elaborar y/o ajustar los instrumentos de planeación, proyectos que permitirán la territorialización de la Ley de Víctimas y su inclusión en los planes de desarrollo.
Este taller contó con la participación de representantes de las alcaldías de Acacias, El Castillo, San Juan de Arama, San Martín, Lejanías, Puerto Lleras, San Juanito, Restrepo, Uribe, El Dorado, Villavicencio, Fuente de Oro, Barranca de Upía, Puerto Concordia, Granada y Guamal, entre otros municipios.
En el Meta, existen alrededor de 200.000 víctimas sujetos de atención y/o reparación. De ellas, más de 23.200 han recibido indemnización por un valor superior a los 141.502 millones de pesos. Además, se han destinado 71.850 millones de pesos a brindar atención y ayuda humanitaria a la población afectada por el conflicto.